Arévalo defiende el gasto de la SAAS para proteger a su familia: 'Son los mismos protocolos'

El presidente Bernardo Arévalo ofreció este lunes 11 de mayo una explicación detallada sobre la utilización de recursos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) destinados a la protección de sus familiares. El mandatario aclaró que los protocolos de seguridad aplicados son los mismos que han regido en administraciones anteriores y fueron construidos con asesoría de expertos internacionales.

Durante la conferencia de prensa semanal "La Ronda", realizada en el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo abordó el tema tras las críticas y cuestionamientos sobre el gasto en combustible y vehículos asignados a la seguridad de su familia. El presidente señaló que para entender el tema es necesario considerar dos aspectos fundamentales: lo que establece la ley de la SAAS y los protocolos de seguridad que rigen a nivel internacional.

> "Los protocolos que se utilizan en Guatemala fueron construidos con la ayuda del Servicio Secreto de los EE. UU., con ayuda de expertos españoles, es decir, todo esto tiene una lógica que implica y define el tipo de seguridad que se les pone a las personas a las que están obligados por ley a darles seguridad."

Arévalo detalla cuántos hijos tienen protección y dónde residen

El mandatario precisó que tiene seis hijos, pero solo dos de ellos residen actualmente en Guatemala. Estos dos hijos viven en los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango, por lo que las comitivas de seguridad se despliegan en turnos para cubrir ambas ubicaciones.

Según explicó Arévalo, son nueve vehículos en total los que están integrados a las comitivas de protección para las personas que la ley define como familiares del presidente. El gasto acumulado desde 2024 hasta la fecha asciende a 77 mil 669 quetzales con 45 centavos, lo que representa un consumo diario estimado de 83 quetzales por vehículo.

El presidente enfatizó que destinar recursos para esta función no es una novedad de su gobierno. Los costos y gastos, dijo, "son los mismos" que ha habido en términos de protección desde que se estableció la SAAS y sus protocolos. Aseguró que no se están usando ni más ni menos vehículos de los que se utilizaban en gobiernos anteriores, sino los que marcan los protocolos técnicos hechos por expertos en seguridad.

La Contraloría inicia auditoría en la SAAS

La explicación de Arévalo ocurre en un momento en que la Contraloría General de Cuentas ha iniciado una auditoría en la SAAS para revisar el manejo de los recursos públicos asignados a la institución. La investigación se centra en determinar si los gastos en combustible, vehículos y personal de seguridad cumplen con los lineamientos establecidos y si existen posibles irregularidades en la asignación de estos recursos.

#AhoraLH | El presidente Bernardo Arévalo, se refirió a la investigación sobre los hijos de la Primera Dama y el gasto de combustible en vehículos de la SAAS para su transporte. ✍🏼: Diego Guzmán/LH 📹: Kenneth Jordan/LH pic.twitter.com/xJxdyPGC5Y

— Diario La Hora (@lahoragt) May 11, 2026

La auditoría ha generado un intenso debate político, con sectores de la oposición cuestionando la transparencia en el uso de los fondos de la SAAS, mientras que el gobierno defiende la legalidad y necesidad de estos gastos bajo los protocolos vigentes.

Arévalo reiteró que la protección de la familia presidencial es una obligación legal de la SAAS y que los mecanismos aplicados responden a estándares internacionales. "Se hace de acuerdo a los protocolos establecidos por los expertos en la materia", subrayó.

¿Qué dice la ley sobre la protección de la familia presidencial?

La Ley de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia establece como una de sus funciones fundamentales brindar protección y seguridad al presidente, la vicepresidenta y sus familiares directos. Esta disposición legal justifica, desde el punto de vista institucional, la asignación de recursos para comitivas de seguridad, vehículos y personal especializado.

Sin embargo, la controversia no radica en la existencia de estos mecanismos, sino en la transparencia con la que se ejercen. Los críticos señalan que los guatemaltecos tienen derecho a conocer en detalle cómo se gastan los recursos públicos, especialmente cuando se trata de protección privada de funcionarios y sus familias.

El caso ha puesto sobre la mesa una discusión pendiente en Guatemala: el equilibrio entre la seguridad necesaria de las autoridades y el escrutinio público sobre el uso de fondos del Estado. Mientras la Contraloría avanza con su auditoría, la ciudadanía espera respuestas claras sobre si los protocolos se están aplicando con rigor o si existen espacios para optimizar el gasto.

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