CIEN advierte que solo el 3.5% de casos del MP llega a juicio en Guatemala

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentó un dato contundente que pone en jaque la efectividad del Ministerio Público guatemalteco. Aunque la institución logró reducir drásticamente su mora fiscal —pasando de más de 2 millones de expedientes pendientes a menos de 200 mil—, la capacidad real para llevar casos ante los tribunales sigue siendo mínima. Entre 2018 y 2025, apenas el 3.5% de los casos gestionados alcanzó una etapa de acusación penal o judicialización.

La expansión territorial del MP no se tradujo en más justicia efectiva

Durante la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras, el Ministerio Público amplió su cobertura de 183 municipios en 2020 a los 340 municipios del país en abril de 2021. Esta expansión, combinada con la implementación del modelo de gestión integral de casos a finales de 2019, permitió una reducción acelerada de la acumulación histórica de expedientes.

Según datos del CIEN, en 2014 existían aproximadamente 2.4 millones de casos sin resolver. Para 2025, esa cifra descendió a cerca de 198 mil. La caída más pronunciada ocurrió entre 2020 y 2023, cuando los expedientes pendientes bajaron de más de 2 millones a poco más de 400 mil.

Sin embargo, David Casasola, investigador del CIEN, advirtió que esta mejora administrativa no necesariamente significa una mayor capacidad de investigación. "Ese es el resultado, a nivel general, de lo que es este modelo de gestión integral de casos, pero eso son cantidades y es importante empezar a revisar y reflexionar sobre la calidad y sobre el tipo de señales que envía el sistema con esta forma de atender y gestionar casos", señaló durante la presentación del Índice de Denuncias de Delitos de mayo.

El 96% de los casos concluye sin una acusación penal formal

El análisis del CIEN revela que la mayoría de los expedientes cerrados no terminan en una judicialización. Cuando se examina la composición de las salidas procesales, la alta concentración corresponde a cierres fiscales: prescripción del delito, falta de evidencia, archivos temporales o pausas a la espera de nuevos elementos.

"Cuando se analiza la composición de las salidas, es decir, entender bajo qué figura salieron todos estos casos, tenemos una alta concentración en salidas que implican, en el fondo, que no se continuó con la investigación", explicó Casasola.

Los únicos casos que realmente avanzan hacia un proceso penal son aquellos enviados a juzgados de primera instancia. Año tras año, la proporción de judicialización pasó de un 9.6% a un 5%, estabilizándose finalmente en un 3.5% de promedio durante el período analizado.

"Aquí lo que vemos año por año es la composición relativa de las salidas, y vemos cómo, a medida que ha avanzado el tiempo, la composición de casos que llegan a una etapa de judicialización pasa de un 9.6% a un 5% y se mantiene en un 3.5%, en promedio", detalló el investigador.

En términos prácticos, aproximadamente 96 de cada 100 casos gestionados por el MP no concluyen en una salida que implique una acusación penal o sentencia.

Más de la mitad de las víctimas sigue sin denunciar los delitos

El CIEN también analizó datos de una encuesta nacional sobre ocurrencia de delitos, elaborada en el marco del proyecto Monitor Global de Emprendimiento de la Universidad Francisco Marroquín. Los resultados muestran que, pese a la expansión de fiscalías, la mayoría de víctimas todavía no acude al sistema de justicia.

Para 2025, solo el 44.3% de personas afectadas por un delito presentó una denuncia, mientras que el 55.7% no lo hizo.

"Todavía hay camino por recorrer en cuanto a que la población denuncie. Aquí tenemos datos que nosotros, como CIEN, logramos obtener a través de una encuesta que mide ocurrencia de delitos en el país y podemos ver que, si bien desde el 2018 hay una estrategia de ampliar la cobertura, no logramos mejorar en que más de la mitad de la población sigue sin denunciar", expresó Casasola.

El investigador añadió que "el hecho de que tengamos una presencia en todos los municipios no necesariamente cambia de una manera drástica" la disposición ciudadana a acudir al sistema de justicia.

Homicidios: apenas el 7% termina en acusaciones o sentencias

El análisis del CIEN también revisó específicamente los resultados en casos de homicidio simple y homicidio calificado, delitos que por su gravedad suelen requerir investigaciones más complejas y dejan menos margen para cierres tempranos.

Sin embargo, el comportamiento histórico muestra que las salidas más frecuentes siguen siendo cierres en sedes fiscales.

"Si ustedes ven acusaciones y sentencias, al final estamos hablando de un promedio de un 7%; es decir, aun cuando nos enfocamos en delitos que por su naturaleza no es tan sencillo que tengan salidas que no impliquen un proceso de acusación o persecución, todavía hay mucho espacio de mejora", afirmó Casasola.

El investigador concluyó que el problema estructural persiste pese a los cambios administrativos implementados en los últimos años.

"Antes lo que teníamos eran casos que no encontraban salida, y ahora lo que tenemos es casos que encuentran salida, pero sin ninguna acusación. Entonces, en los dos extremos en los que podemos ver la evolución histórica de la institución, en el fondo lo que está pasando es que no hay una mayor capacidad de investigación que permita deducir responsabilidades individuales de los delitos", analizó.

Recomendaciones del CIEN para la nueva gestión del MP

Como conclusión, el CIEN planteó revisar el modelo de expansión territorial y reenfocar recursos hacia regiones estratégicas según incidencia delictiva y delitos priorizados. También recomendó recuperar una visión integral del sistema de justicia, fortalecer la coordinación interinstitucional, avanzar en digitalización e interoperabilidad de sistemas, y evaluar los resultados del uso de recursos públicos.

"El hecho que se ha implementado un sistema para gestionar casos no significa que esa producción humana fiscal haya aumentado la capacidad de investigación y eso es importante poderlo revisar", concluyó Casasola.

El análisis también incorporó datos del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, en el que la calificación histórica de Guatemala se ha mantenido baja entre 2015 y 2025, sin cambios significativos pese a las transformaciones internas del Ministerio Público.

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