
¿Demasiado cara? Nueva cárcel en Guatemala costará más de Q1 mil millones
Tendrá capacidad para 2,700 reos, pero su costo supera a muchas obras de infraestructura pública
El Ejército de Guatemala confirmó que la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad costará más de Q1,000 millones, sin incluir equipamiento ni tecnología interna, lo que podría elevar el monto final considerablemente.
La decisión fue anunciada por el presidente Bernardo Arévalo tras la fuga masiva de pandilleros de Fraijanes II, una crisis que dejó al descubierto la precariedad del sistema penitenciario actual. Según el Gobierno, el nuevo centro tendrá capacidad para 2,700 privados de libertad y buscará garantizar un mayor control y seguridad.
¿Vale ese dinero?
Algunos sectores ya comenzaron a cuestionar la inversión. Analistas apuntan que, aunque se trata de una infraestructura necesaria, el costo es elevado en proporción a la cantidad de internos que podrá albergar.
Para ponerlo en perspectiva:
- Guatemala planea gastar más de Q1,000 millones (aprox. US$128 millones) para 2,700 reos.
- El Salvador, por su parte, construyó el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), con capacidad para 40,000 presos, por aproximadamente US$120 millones según datos oficiales.
La comparación deja en evidencia una gran diferencia en relación costo-capacidad, lo que ha generado dudas sobre la eficiencia de la planificación guatemalteca.
¿Qué dice el Gobierno?
El Ministerio de la Defensa indicó que el diseño está en fase final y que se busca priorizar seguridad, durabilidad y control interno. Sin embargo, no se ha transparentado aún el desglose completo del presupuesto, ni los estudios técnicos que justifican el monto.
¿Es una inversión estratégica o un gasto desproporcionado?
La necesidad de una cárcel más segura es evidente tras la fuga reciente. Pero la magnitud del gasto abre la puerta a cuestionamientos. ¿Podría haberse hecho más con menos? ¿Es la seguridad penitenciaria una excusa para sobrecostos?
Por ahora, el tema sigue generando debate tanto en el Congreso como en la opinión pública.
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