Denuncia en Guatemala: diputado José Chic señala riesgo para trabajadores de la USAC por falta de pagos al IGSS

El diputado José Chic lanzó una fuerte denuncia pública en contra de Walter Mazariegos, señalando que la supuesta falta de pago de cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social habría dejado sin cobertura médica a trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Las declaraciones del legislador se producen en medio de la creciente tensión por la situación administrativa y política dentro de la casa de estudios, así como por los cuestionamientos sobre la gestión universitaria.

Señalamientos sobre incumplimientos y sus consecuencias

Según el diputado Chic, durante más de cuatro meses no se habrían realizado los pagos correspondientes al sistema de seguridad social, lo que habría afectado directamente a los empleados de la universidad.

El legislador explicó que esta situación ha impedido que los trabajadores accedan a servicios médicos esenciales, lo que podría tener consecuencias graves en casos de emergencia.

“Walter Mazariegos es un peligro para los trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por más de cuatro meses ha dejado de pagar las cuotas al IGSS y hoy los trabajadores no pueden hacer uso del servicio”, afirmó Chic.

El caso de “Don Artemio” genera alarma

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es el caso de un trabajador identificado como “Don Artemio”, quien habría sufrido un accidente laboral dentro de las instalaciones universitarias.

De acuerdo con el relato del diputado, el trabajador no habría contado con el equipo de seguridad necesario al momento del incidente, lo que habría agravado la situación.

Chic aseguró que, debido a la falta de cobertura del IGSS, el trabajador no pudo recibir atención en dicha institución y fue trasladado a un hospital público, donde permanece en estado delicado.

“Hoy se debate entre la vida y la muerte en un hospital nacional. No pudo recibir atención del IGSS por la falta de pago de cuotas”, indicó el legislador.

Señalamientos contra autoridades universitarias

El diputado también dirigió sus críticas hacia otros funcionarios vinculados a la administración universitaria, señalando responsabilidades compartidas en la situación denunciada.

Chic mencionó a autoridades como Luis Pedro Ortiz y al área financiera, a quienes acusó de negligencia en el manejo de recursos y en el cumplimiento de obligaciones laborales.

El legislador sugirió que podrían existir prácticas irregulares relacionadas con el manejo de fondos, lo que habría derivado en el incumplimiento de pagos al sistema de seguridad social.

Las declaraciones han generado preocupación entre distintos sectores, especialmente por el posible impacto en los derechos laborales de los trabajadores universitarios.

El diputado Chic enfatizó la necesidad de que el caso no quede sin consecuencias:

“Esperamos que este caso no quede en impunidad y que no se siga jugando con la vida de los trabajadores”, expresó.

Contexto institucional en la USAC

La Universidad de San Carlos de Guatemala ha estado en el centro del debate público en los últimos años debido a conflictos internos, cuestionamientos sobre su administración y procesos electorales polémicos.

La posible falta de cobertura del IGSS podría afectar no solo a trabajadores, sino también al funcionamiento general de la institución.

El caso reabre el debate sobre la protección de los derechos laborales y el cumplimiento de obligaciones patronales en entidades públicas.

Importancia del IGSS en Guatemala

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es una de las principales instituciones encargadas de brindar servicios de salud y seguridad social a los trabajadores del país.

El acceso a este sistema es fundamental para garantizar atención médica oportuna, especialmente en situaciones de emergencia.

Las entidades empleadoras tienen la responsabilidad legal de realizar los aportes correspondientes para asegurar la cobertura de sus trabajadores.

La población permanece atenta al desarrollo del caso, a la espera de respuestas claras por parte de las autoridades y de medidas que garanticen la protección de los trabajadores.