
Gobierno responde a recurso de pandillero contra Ley Antipandillas
AHORA RESULTA QUE LOS PATOS LE TIRAN A LAS ESCOPETAS”: GOBIERNO RESPONDE A RECURSO DE PANDILLERO CONTRA LA LEY ANTIPANDILLAS
El recurso de inconstitucionalidad
El Gobierno de Guatemala se pronunció luego de que Dylan Smaily Archila García, alias "El Sonriente" y miembro de la Mara Salvatrucha (MS), presentara una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la Ley Antipandillas.
El pandillero, condenado por extorsión, argumenta que hubo irregularidades durante la aprobación del decreto 11-2025 en el Congreso. Este decreto establece sanciones más severas para integrantes de estructuras criminales y las clasifica como organizaciones terroristas.
Reacción del Ejecutivo
El portavoz presidencial, Santiago Palomo, calificó la acción como “un intento desesperado por parte de quienes buscan desestabilizar”. Añadió: “Ahora resulta que los patos les tiran a las escopetas”.
Palomo reiteró que el uso de herramientas legales por parte de estructuras criminales no cambia la naturaleza del delito ni la legitimidad de la ley. “Esta es una legislación que protege a los guatemaltecos honrados. No retrocederemos”, aseguró.
Respaldo del Congreso
El presidente del Congreso, Nery Ramos, también defendió la legalidad del decreto. Señaló que la aprobación fue contundente, con 145 votos a favor, y que esta ley es una respuesta institucional firme contra la criminalidad organizada.
Ramos pidió a la Corte de Constitucionalidad actuar con responsabilidad: “Los magistrados decidirán de qué lado de la historia están”.
¿Qué establece el Decreto 11-2025?
La Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas declara terroristas a las maras y pandillas. Incluye:
- tipificación específica de estructuras delictivas
- sanciones agravadas
- restricciones a beneficios penitenciarios
- herramientas jurídicas para el Ministerio Público y la PNC
La ley entró en vigencia recientemente, en medio de una crisis de seguridad por la fuga de pandilleros del sistema penitenciario.
Lo que sigue
La Corte de Constitucionalidad deberá analizar el recurso planteado. Por ahora, el Gobierno mantiene su postura de aplicar la ley sin modificaciones y considera que este tipo de acciones legales no afectarán su implementación.
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