El MP va con todo: solicitan antejuicio contra Arévalo y Karin Herrera por fuga en Fraijanes II

el Ministerio Público busca retirar la inmunidad al presidente y la vicepresidenta por presunto incumplimiento en la fuga en Fraijanes II

En un nuevo giro que agita el escenario político guatemalteco, el Ministerio Público (MP) solicitó este lunes el retiro de inmunidad del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, en el marco de la investigación por la fuga de 20 reclusos de alta peligrosidad del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II.

Según el MP, ambos funcionarios podrían haber incurrido en incumplimiento de deberes constitucionales, al no garantizar el correcto funcionamiento del sistema penitenciario ni la seguridad nacional.

MP señala responsabilidad del Ejecutivo

La solicitud de antejuicio fue presentada por la Fiscalía de Delitos Administrativos, la cual argumenta que el presidente y la vicepresidenta, en su calidad de máximas autoridades del país, tenían la responsabilidad de supervisar el sistema carcelario y prevenir hechos como la fuga del 6 de octubre.

En el mismo caso, 23 guardias del Sistema Penitenciario ya fueron capturados por su presunta participación o complicidad en la evasión de cabecillas de la pandilla Mara 18, lo que ha generado preocupación nacional sobre la fragilidad institucional en temas de seguridad.

el MP defiende su actuar legal

En un comunicado, el Ministerio Público insistió en que su actuación responde al principio de legalidad, objetividad y “nadie por encima de la ley”. Aseguraron que la medida no es política, sino parte de una investigación para determinar si existió negligencia en el manejo del centro penitenciario.

“Preservar el Estado de Derecho es nuestra obligación”, indicaron las autoridades fiscales, que también recordaron que los antejuicios no constituyen una acusación formal, sino un proceso para autorizar una investigación.

el gobierno responde con firmeza: “es un ataque político”

La reacción desde el Ejecutivo no tardó. A través de canales oficiales, el Gobierno calificó el antejuicio como “ridículo y malintencionado”, señalando que se trata de un ataque directo al presidente y su vicepresidenta como parte de una persecución política.

Fuentes cercanas al Ejecutivo consideran que el caso forma parte de una estrategia más amplia para desgastar la administración de Arévalo, en medio de una creciente tensión entre el MP y la Presidencia.

¿justicia o persecución? el debate sigue

Este nuevo episodio agudiza la ya compleja relación entre el Ministerio Público y el Gobierno, en un contexto donde la legitimidad de las instituciones y el respeto al Estado de Derecho están siendo constantemente cuestionados desde distintos sectores de la sociedad.

La solicitud de antejuicio ahora pasará a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberá decidir si permite que avance la investigación contra el mandatario y su segunda al mando.