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Oficialismo denuncia a opositores por presuntos vínculos con Barrio 18

Oficialismo denuncia a opositores por presuntos vínculos con Barrio 18

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Diputados oficialistas presentaron una querella ante el Ministerio Público (MP) contra la excandidata presidencial Sandra Torres y tres legisladores, a quienes señalan de supuestos vínculos con la pandilla Barrio 18.

La denuncia incluye a Teresita de León Torres y José Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y a Nadia de León Torres, del bloque Nosotros.

Qué pide la querella y qué delitos señalan

En conferencia de prensa, la diputada Andrea Villagrán informó que la acción penal atribuye asociación ilícita, terrorismo y sedición.

Villagrán sostuvo que la decisión se toma tras los ataques armados contra la Policía Nacional Civil (PNC) y afirmó que el MP ya no tendría “excusa” para no investigar, en referencia a la falta de denuncias formales que, según ella, se ha usado para justificar inacción.

La UNE responde y sube el tono con nuevas acusaciones

Desde la UNE rechazaron la querella y la calificaron como una maniobra para desviar la atención de la crisis de seguridad.

Castillo afirmó que el oficialismo debe responder por “Q20 millones” que, según dijo, pandilleros habrían pagado para una fuga, y mencionó al exministro de Gobernación Francisco Jiménez y al presidente Bernardo Arévalo.

En paralelo, Nadia de León Torres publicó un video en el que acusó al Movimiento Semilla y al partido Raíces de tener vínculos con pandillas, aludiendo a la colonia La Betania y a las protestas de 2023.

El trasfondo: seguridad, MP y una disputa que se judicializa

https://twitter.com/Lared1061/status/2016240176842822032?s=20

El choque ocurre en un momento de presión institucional, con la seguridad en el centro del debate y con la expectativa del relevo en la jefatura del MP en mayo de 2026.

Por ahora, el caso entra al terreno que define costos políticos y consecuencias penales: lo que se aporte como indicio, lo que el MP decida investigar y lo que pueda sostenerse ante un juez.

Pregunta final: ¿esta querella abre una investigación real con pruebas verificables o profundiza la guerra política mientras la violencia sigue marcando agenda?

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