Piden arraigo contra Consuelo Porras antes del 17 de mayo

La incertidumbre política crece en Guatemala tras una solicitud que podría marcar un punto de inflexión. Un diputado pidió formalmente al Ministerio Público que se dicte arraigo contra Consuelo Porras, con el objetivo de impedir que abandone el país antes de entregar el cargo el próximo 17 de mayo. La medida, que surge en medio de cuestionamientos y rumores, ha encendido el debate público.

Solicitan arraigo contra Consuelo Porras: crece la tensión antes de dejar el cargo

El congresista José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), presentó la solicitud ante la Fiscalía de Delitos Contra Operadores de Justicia. Su planteamiento es claro: asegurar que la actual Fiscal General permanezca en el país para enfrentar posibles investigaciones una vez deje el puesto.

Según explicó, la intención es que, tras perder inmunidad, Porras quede “a disposición del Ministerio Público y de los juzgados”, permitiendo que se determinen responsabilidades en distintos casos.

La fecha clave que podría cambiar el panorama político

El 17 de mayo se perfila como un momento decisivo. Ese día, Consuelo Porras debe entregar el cargo de Fiscal General, lo que implica también la pérdida de inmunidad.

“Esto es lo que se busca: que no exista posibilidad de evasión”, indicó el legislador, enfatizando la importancia de actuar con anticipación.

Lo que nadie esperaba: dudas por su ausencia reciente

Uno de los detonantes de la solicitud fue la ausencia de Porras el pasado 29 de abril. Durante ese día, Dimas Jiménez fue designado como Fiscal General interino, mientras que el Ministerio Público argumentó que se trataba de un permiso personal.

El diputado Chic también vinculó la petición de arraigo con investigaciones relacionadas con adopciones ilegales en el hogar temporal Elisa Martínez.

De acuerdo con sus declaraciones, ya existe una denuncia en curso dentro del Ministerio Público. El caso involucra presuntas irregularidades ocurridas años atrás, cuando Porras habría tenido relación laboral con dicha institución.

“El caso no debe quedar en la impunidad”, subrayó el legislador, al referirse a posibles hechos que incluyen la supuesta venta ilegal de menores.

Impacto institucional y posibles escenarios

La situación abre varios escenarios:

• Investigación formal tras la salida del cargo

• Posibles medidas judiciales adicionales

• Mayor presión sobre el sistema de justicia

Además, la discusión sobre el arraigo pone en el centro del debate la transparencia y la rendición de cuentas en instituciones clave del país.

La solicitud ha captado la atención de distintos sectores, generando reacciones en el ámbito político y social. Mientras tanto, la Fiscalía deberá evaluar si procede o no la medida cautelar.

Por ahora, el país se mantiene atento a lo que ocurra en los próximos días. La decisión podría definir no solo el futuro legal de la Fiscal General, sino también la percepción sobre el sistema de justicia.