¿vuelve el servicio militar obligatorio? diputados plantean reforma con apoyo del FBI

una propuesta que busca transformar el sistema de seguridad

En medio de un clima de incertidumbre y preocupación por el fortalecimiento del crimen organizado en Guatemala, fuentes legislativas han confirmado que ya se discuten planes para reactivar el servicio militar obligatorio. Esta vez, con una visión más profesional, técnica y con apoyo internacional.

La propuesta plantea que todos los jóvenes guatemaltecos presten un año de servicio obligatorio, pero con énfasis en formación cívica, técnica y de seguridad. Además, quienes decidan continuar, podrían acceder a una carrera militar, policial o dentro del Sistema Penitenciario.

formación técnica y control anticorrupción

Uno de los puntos más llamativos es que, según fuentes cercanas al Congreso, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos estaría dispuesto a asesorar el proceso. Su rol incluiría la evaluación psicológica de reclutas, auditorías anticorrupción, y supervisión directa del sistema de selección.

El objetivo es claro: crear un sistema de seguridad más profesional, con personal mejor capacitado y alejado de las redes criminales que han infiltrado históricamente estas instituciones.

beneficios para los participantes

La iniciativa también contempla mejoras salariales para guardias penitenciarios y agentes de la PNC, así como la eliminación de prácticas como la compra de plazas o ascensos por favoritismo.

Los jóvenes que presten servicio obtendrían:

• acceso prioritario a empleos en seguridad

• becas de formación técnica

• reconocimiento académico y profesional

• opción de permanencia con ascensos por mérito

aún no es oficial, pero el debate ya comenzó

Aunque no se ha presentado una iniciativa de ley formal ni hay fecha definida para su discusión en el Congreso, la idea ya circula entre asesores de seguridad, diputados y sectores militares. Para algunos, es una necesidad urgente ante el debilitamiento de las instituciones de seguridad. Para otros, una medida que podría abrir la puerta a abusos si no se garantiza transparencia.

El Gobierno no ha emitido una postura oficial, pero en paralelo, continúa la colaboración con agencias estadounidenses como el FBI para desmantelar estructuras criminales dentro del Estado.