Allan Rodríguez advierte que enmiendas a la Ley Antilavado violan la Constitución de Guatemala
El jefe del bloque VAMOS en el Congreso de la República, Allan Rodríguez, lanzó una fuerte advertencia sobre las enmiendas que se discuten para la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Según el legislador, aprobar ciertos artículos sin una revisión exhaustiva podría derivar en una violación directa a la Constitución Política de la República.
La iniciativa 6593, enviada por el presidente Bernardo Arévalo, ha avanzado en sus tres debates legislativos, pero ha encontrado un obstáculo en la redacción final de su articulado. Los jefes de bloques se han reunido en múltiples ocasiones, incluso en sesiones privadas sin presencia de prensa, para intentar alcanzar los consensos necesarios.
¿Qué artículos de la Ley Antilavado generan polémica en el Congreso?
Rodríguez identificó específicamente los artículos 73 y 64 como los puntos más conflictivos de la propuesta. Durante su intervención, el diputado cuestionó la prisa con la que algunos sectores buscan aprobar las enmiendas sin un análisis profundo de sus implicaciones.
> «¿Están presionando y hay que aprobarla así como está? No, hay que leer, hay que entender y hay que comprender realmente qué es lo que está pasando», expresó Rodríguez.
El legislador añadió que si estos artículos se aprueban tal como están redactados actualmente, representarían una violación a la Constitución. Este es, según sus palabras, «el meollo del asunto» que ha dividido a los parlamentarios durante las últimas sesiones.
¿Cómo afectaría la autonomía del delito a los derechos constitucionales?
La discusión del día se centró en el concepto de «autonomía del delito», un tema técnico que ha generado posturas encontradas entre los diputados. Varios legisladores han señalado que aprobar las enmiendas en su forma actual podría significar poner a los guatemaltecos en una situación de presunción de culpabilidad.
> «Estaríamos poniendo que los guatemaltecos serán culpables hasta que comprueben lo contrario», advirtió Rodríguez, contrastando esta posibilidad con lo que establece la Constitución.
La Constitución Política de la República garantiza el principio de presunción de inocencia, por lo que cualquier normativa que invierta esta lógica enfrentaría serios cuestionamientos de inconstitucionalidad. La bancada VAMOS, liderada por Rodríguez, ha tomado una postura firme en exigir que cada artículo sea revisado minuciosamente antes de su aprobación.
¿Cuáles son los próximos pasos para la aprobación de la Ley Antilavado?
El presidente del Congreso, Luis Contreras, ha convocado a los diputados para continuar las negociaciones la próxima semana. Aunque aseguró que los resultados de las reuniones son positivos y que están «más cerca» de los acuerdos, la realidad es que los legisladores aún no logran consensuar la redacción final.
Contreras defendió la decisión de realizar sesiones privadas, argumentando que «si las reuniones son muy públicas, cuesta trabajar». Sin embargo, esta metodología ha generado críticas por falta de transparencia en un tema tan sensible como la legislación contra el lavado de dinero.
Autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE) también han participado en las discusiones, aportando su expertise técnico en materia financiera. La Ley Antilavado es considerada estratégica para el país, ya que fortalece las herramientas para combatir el financiamiento de actividades ilícitas y cumplir con estándares internacionales.
¿Qué dice la Constitución sobre la presunción de inocencia?
El artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que toda persona es presunta inocente mientras no se declare su culpabilidad mediante sentencia firme. Este principio fundamental del derecho guatemalteco es el que Rodríguez y otros diputados buscan proteger al exigir modificaciones a los artículos controvertidos de la Ley Antilavado.
La tensión entre la necesidad de contar con una legislación robusta contra el lavado de dinero y el respeto a las garantías constitucionales sigue siendo el punto de fricción en el Congreso. Mientras tanto, la iniciativa 6593 permanece en un limbo legislativo a la espera de que los jefes de bloque logren el consenso que hasta ahora ha sido esquivo.
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