Arévalo lanza política nacional para proteger a defensores de derechos humanos
El presidente Bernardo Arévalo presentó oficialmente la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025–2035, una estrategia que busca garantizar seguridad, respaldo institucional y condiciones adecuadas para quienes promueven la justicia social en Guatemala.
Una respuesta a años de riesgo y estigmatización
El lanzamiento se llevó a cabo en el antiguo Palacio de Gobierno, donde Arévalo subrayó la necesidad de transformar la relación entre el Estado y los defensores de derechos humanos, especialmente líderes comunitarios, periodistas, ambientalistas, sindicalistas y académicos.
“Hoy damos un paso histórico hacia un país más seguro, más digno y más respetuoso con quienes defienden a los demás”, afirmó el mandatario, señalando que esta política surge de un proceso amplio de consulta con organizaciones nacionales e internacionales.
¿Qué contempla la política?
La estrategia establece mecanismos de prevención, atención y protección para quienes estén en riesgo por su labor en defensa de derechos fundamentales. También incluye acciones para:
- Crear protocolos institucionales con enfoque diferenciado
- Establecer rutas de respuesta ante amenazas o criminalización
- Coordinar esfuerzos entre ministerios, fiscalía y sociedad civil
- Fortalecer la institucionalidad democrática desde el territorio
El plan se aplicará de forma gradual entre 2025 y 2035, con evaluaciones anuales de impacto y ajustes según la situación del país.
Reconocimiento y cooperación
La política busca no solo reducir el riesgo que enfrentan los defensores, sino reconocer públicamente su papel como actores clave para el fortalecimiento democrático. Arévalo reiteró que la protección de estas personas “no es un favor, es una obligación del Estado”.
El gobierno también anunció que se buscará cooperación internacional para el seguimiento técnico del plan y la capacitación de personal estatal involucrado en su implementación.
Reacciones
Organizaciones de derechos humanos saludaron la iniciativa, aunque recordaron que su éxito dependerá del cumplimiento institucional y la voluntad de todos los poderes del Estado. Algunos sectores han manifestado escepticismo, señalando que iniciativas similares en el pasado no lograron evitar agresiones ni estigmatización.
¿Será esta vez diferente?
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