Busazo en La Paz: cierran investigación, pero el apoyo económico a familia aún no llega

Busazo en La Paz cierran investigación, pero el apoyo económico a familia aún no llega

La investigación del trágico accidente ocurrido en la calzada La Paz, en el que un autobús sin frenos cayó en un barranco, está por concluir. Con los testimonios de los sobrevivientes y el análisis de las cámaras de seguridad, las autoridades han determinado que el exceso de velocidad fue un factor determinante en el siniestro que cobó la vida de 54 personas.





El incidente ocurrió el pasado 10 de febrero, cuando un autobús con más de 30 años de servicio y en aparente mal estado mecánico terminó precipitándose hacia el asentamiento Jesús de la Buena Esperanza, bajo el puente Belice. Las primeras indagaciones revelaron que el conductor perdió el control del vehículo, presuntamente debido a fallas en los frenos, lo que provocó la catastrófica caída.

Las declaraciones de los nueve sobrevivientes han sido clave en la investigación. Entre ellos, Nelson Obdulio Canté Flores, quien recientemente fue dado de alta tras sufrir una fractura en la clavícula derecha, aseguró que el autobús viajaba a gran velocidad momentos antes del accidente. Este testimonio ha sido respaldado por otras víctimas y por el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de tránsito.

Las pesquisas también han revelado que el autobús perteneciente a Transportes Tineca no contaba con los permisos correspondientes para operar en la capital. El vehículo inició su recorrido en la aldea Estancia de la Virgen, San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, y se dirigía hacia la ciudad de Guatemala sin cumplir con las regulaciones establecidas.

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Tras el accidente, la Dirección General de Transportes (DGT) y la Unidad de Protección Vial (Provial) han intensificado operativos en distintos puntos del país para identificar anomalías en el transporte extraurbano. Como parte de las sanciones impuestas, Transportes Tineca ha sido multado con 15 mil quetzales por circular fuera de la ruta establecida y sin los permisos requeridos.

El viceministro del Ministerio de Comunicaciones, José Suriano, enfatizó que se reforzarán las inspecciones a las unidades de transporte público para garantizar la seguridad de los pasajeros y evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.

El Congreso de la República aprobó un aporte económico de 50 mil quetzales para cada una de las familias de los fallecidos. Este apoyo se coordina a través de la información proporcionada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Nery Ramos, presidente del Legislativo, explicó que la Dirección General del Organismo Legislativo ha establecido comunicación con el Inacif para identificar a los beneficiarios y proceder con la entrega de los fondos.

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Entre las víctimas mortales del accidente se encontraba el ciudadano mexicano Germán Hernández Hernández, quien fue la última persona en ser sepultada. Su repatriación a su estado natal de Veracruz se realizó la semana pasada. Hernández residía en Guatemala desde hace 10 años y trabajaba en una empresa de blindaje. Según los informes, abordó el autobús en la colonia Llano Largo con destino a su lugar de trabajo, sin imaginar la tragedia que le esperaba.

Tras el luto nacional que provocó este desastre, las autoridades han anunciado reformas en la regulación del transporte extraurbano. Aunque aún no se han detallado las medidas específicas, se espera que incluyan una supervisión más estricta de los vehículos en circulación, sanciones más severas para las empresas de transporte que incumplan con las normativas y la implementación de tecnologías que permitan monitorear el estado mecánico de los autobuses.

El trabajo de los cuerpos de socorro fue fundamental en la atención de la emergencia. Un total de 100 rescatistas, entre miembros de los Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales, Cruz Roja Guatemalteca y la Unidad Humanitaria de Rescate del Ejército, participaron en el operativo de rescate. Gracias a su esfuerzo, se logró salvar la vida de los sobrevivientes y recuperar los cuerpos de las víctimas de manera eficiente y respetuosa.

El accidente en la calzada La Paz ha dejado una profunda huella en la sociedad guatemalteca. A medida que se concluye la investigación, las autoridades buscan establecer nuevas regulaciones para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Mientras tanto, las familias de las víctimas reciben el respaldo económico aprobado por el Congreso, en un intento de mitigar las pérdidas y brindarles un apoyo en este difícil momento. La tragedia ha puesto en evidencia la urgente necesidad de mejorar las condiciones del transporte público en Guatemala, garantizando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

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