
ciudadanos se organizan en todo el país tras fuga del barrio 18 y anuncian búsqueda por cuenta propia
La reciente fuga de 20 integrantes del Barrio 18 en Fraijanes II no solo ha generado indignación, sino que ha despertado una ola de organización ciudadana en todo el país.
Vecinos, transportistas, comerciantes y comunidades rurales están rompiendo el silencio y uniéndose para buscar a los fugados por su cuenta, ante lo que consideran una “falla total del Estado y de las autoridades penitenciarias”.
el pueblo dice “basta”
En distintos departamentos como Huehuetenango, Jalapa, Quiché, Escuintla y Alta Verapaz, grupos de vecinos han empezado a coordinarse a través de chats comunitarios y redes sociales para alertar sobre movimientos sospechosos y colaborar con las fuerzas de seguridad.
“Si el Gobierno no puede hacer su trabajo, lo haremos nosotros”, expresó un líder comunitario de Jalapa, quien afirmó que su grupo se mantiene en comunicación directa con las autoridades locales.
Las redes sociales se han llenado de mensajes con fotografías, llamados a la vigilancia y hasta reportes de posibles avistamientos de personas relacionadas con los fugados.
una recompensa que desató la movilización
El anuncio de recompensas económicas por información que lleve a la captura de los reos fugados ha sido el detonante de esta respuesta masiva.
Decenas de ciudadanos aseguran que no buscan el dinero, sino justicia y seguridad para sus familias.
“Ya no confiamos en nadie. Vamos a cuidar nuestras comunidades y entregar a quien encontremos”, comentó un residente de San Pedro Ayampuc.
La indignación también se dirige contra los directores y funcionarios del Sistema Penitenciario, a quienes muchos responsabilizan directamente por la fuga.
ciudadanos apuntan ahora a los responsables del sistema penitenciario
Los mismos grupos que se están organizando para colaborar en la búsqueda también exigen que se investigue a fondo a los mandos del Sistema Penitenciario.
Algunos incluso han anunciado que, una vez concluida la búsqueda, planean manifestarse frente a Gobernación y el Congreso para exigir sanciones a los funcionarios involucrados.
“No vamos a dejar que esto quede impune. Si hubo complicidad, los mismos guatemaltecos vamos a señalar a los responsables”, declaró un representante vecinal en Chimaltenango.
el gobierno pide calma, pero la tensión aumenta
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, pidió a la población mantener la calma y no actuar por cuenta propia.
Sin embargo, el descontento popular crece, especialmente después de conocerse que los directores del SP serán sometidos al polígrafo por posibles actos de complicidad.
Expertos en seguridad advierten que esta situación refleja un quiebre en la confianza hacia las instituciones, ya que la población siente que debe hacer lo que el Estado no logra: garantizar seguridad y justicia.
un país que exige resultados
Mientras la búsqueda continúa, la ciudadanía exige respuestas claras: ¿cómo fue posible que 20 cabecillas escaparan de una cárcel de máxima seguridad?
La presión social no solo apunta a recapturar a los fugitivos, sino también a transformar un sistema penitenciario que, según muchos, se ha convertido en un refugio para la corrupción.
“No más excusas, queremos resultados. El pueblo ya no tiene miedo”, se lee en una de las pancartas compartidas en redes sociales.
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