Condenan a doctora a pagar miles de quetzales por negligencia en cesárea

Condenan a doctora a pagar miles de quetzales por negligencia en cesárea

En una sentencia que ha conmovido a la comunidad médica y al público guatemalteco, la doctora Gloria Mischelle Ordóñez Aroche fue condenada por negligencia médica tras la realización de una cesárea en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). La sentencia, emitida por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Delitos de Extorsión, no solo establece una pena de prisión de dos años y seis meses, sino que también obliga a la galena a pagar una significativa suma como parte de un resarcimiento por los daños causados a la víctima.

El caso se remonta a mayo de 2017, cuando la víctima presentó una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) tras sufrir complicaciones graves tras la cesárea que la doctora Ordóñez Aroche le practicó en el IGSS. Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP), la denuncia de negligencia médica llevó a la apertura de un caso que ahora culmina con esta condena.

La Complicación Tras la Cesárea y la Denuncia

El 10 de mayo de 2017, la paciente se sometió a una cesárea que, en principio, debía ser un procedimiento rutinario. Sin embargo, después de la intervención, la mujer comenzó a experimentar complicaciones graves que afectaron su salud, lo que la llevó a presentar una denuncia formal por negligencia médica ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

La denuncia alegaba que la doctora Ordóñez Aroche no había seguido los protocolos adecuados durante la cesárea, lo que generó las complicaciones posteriores. El caso fue atendido por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público, quien recopiló pruebas y testimonios que respaldaron las acusaciones de la víctima. A través de estos medios de investigación, el tribunal pudo determinar que la acción negligente de la doctora resultó en un daño físico y emocional para la paciente.

La condena impuesta a la doctora Ordóñez Aroche no solo incluye una pena de prisión de dos años y seis meses, sino que también la obliga a pagar un resarcimiento de 75 mil quetzales. Esta cantidad se divide en dos partes iguales: 37,500 quetzales deberán ser cubiertos por la doctora personalmente, y otros 37,500 quetzales serán responsabilidad del IGSS, que también fue señalado por su papel en el caso.

El pago de este resarcimiento tiene como objetivo compensar el sufrimiento de la víctima y garantizar que se tomen medidas para prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro. La decisión judicial refleja la seriedad con la que se está tratando la negligencia médica en Guatemala y la intención de hacer justicia en favor de las víctimas de prácticas inadecuadas en el ámbito de la salud.

Este caso ha tenido un fuerte impacto tanto en la comunidad médica como en la sociedad en general. Para muchos, la condena a la doctora Ordóñez Aroche marca un precedente importante en la lucha contra la negligencia médica en el país. A pesar de que la medicina siempre involucra ciertos riesgos, los profesionales de la salud tienen la responsabilidad de garantizar que los procedimientos se realicen con el mayor cuidado y en cumplimiento de los estándares éticos y médicos establecidos.

El hecho de que se haya logrado una sentencia en este caso también envía un mensaje claro de que las víctimas de negligencia médica tienen derechos y pueden obtener justicia si se siguen los canales adecuados. La condena también subraya la importancia de que los sistemas de salud, como el IGSS, asuman su parte de responsabilidad en casos de mal manejo y actúen en consecuencia.

La negligencia médica no solo afecta a las personas de manera física, sino que también tiene repercusiones emocionales y psicológicas de largo plazo. Es esencial que los profesionales de la salud sean conscientes de la enorme responsabilidad que tienen al tratar con la vida y bienestar de sus pacientes.

Este caso no solo se trata de la condena de una persona, sino de una reflexión sobre el sistema de salud de Guatemala y la necesidad de mejorar los procesos de formación, supervisión y control dentro de las instituciones médicas. Las autoridades deben garantizar que se tomen medidas preventivas para evitar que más personas sufran de negligencia en sus tratamientos médicos.

La sentencia contra la doctora Ordóñez Aroche es un paso hacia la justicia, pero también debe servir como un recordatorio de que la medicina debe practicarse con la máxima ética, profesionalismo y responsabilidad para proteger la salud de todos los guatemaltecos.

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