Congreso impone gasto exprés y anula veto presidencial de Arévalo

aprueban ley para transferencias rápidas a CODEDES sin mayores controles

El Congreso de la República aprobó en tiempo récord el Decreto 7-2025 y el Acuerdo 6-2025, dando luz verde a la llamada Ley de Gasto Exprés para los CODEDES, pese al veto emitido por el presidente Bernardo Arévalo.

Con esta decisión, el Legislativo deja sin efecto la oposición del Ejecutivo y abre la puerta a la ejecución acelerada de fondos públicos para proyectos locales, eliminando controles administrativos que antes eran requeridos para su fiscalización.

La normativa entra en vigencia este jueves y ha generado fuertes reacciones de distintos sectores que advierten riesgos de corrupción y uso político de los recursos.

¿qué cambia con la ley?

La nueva legislación permite que los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) puedan gestionar y ejecutar obras con trámites reducidos, argumentando que así se aceleran respuestas a comunidades con alta necesidad de infraestructura.

Sin embargo, analistas señalan que se eliminan filtros clave que garantizaban la transparencia, como informes previos de factibilidad, auditorías técnicas y validaciones ciudadanas.

“Lo que se ha aprobado es un cheque en blanco para que se gasten fondos sin control”, señaló un analista consultado por medios locales.

ejecutivo analiza acciones legales

Tras la publicación oficial de la ley en el diario de Centro América, el Ejecutivo analiza mecanismos legales para contrarrestar la norma, incluyendo una posible acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

“Estamos revisando el marco legal. La transparencia y la rendición de cuentas no pueden sacrificarse por velocidad”, indicó una fuente cercana al Ejecutivo.

La presidencia ha insistido en que la ejecución de obras debe seguir procedimientos responsables, especialmente en un contexto donde la confianza ciudadana en el uso del gasto público se encuentra en niveles bajos.

críticas desde sociedad civil y redes

Organizaciones de transparencia como ICEFI y Acción Ciudadana ya manifestaron preocupación, señalando que esta ley abre la puerta a clientelismo político y obras fantasma.

En redes sociales, el debate también se encendió. “Mientras el país está en crisis, los diputados se reparten millones sin control”, escribió un usuario en X. Otro comentó: “Ahora entendemos por qué la prisa con la ley: vienen elecciones internas en los partidos”.