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Congreso cuestiona los activos que maneja Perenco por decisiones de contrato

Congreso cuestiona los activos que maneja Perenco por decisiones de contrato

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El futuro de la industria petrolera en Guatemala vuelve a estar en el centro del debate. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que los activos relacionados con el contrato petrolero 2-85, que incluían el campo Xan, la refinería y el oleoducto, alcanzan un valor en libros de US$320 millones. Sin embargo, el Congreso ha puesto en duda la legalidad de los procesos de emergencia emitidos para garantizar la continuidad de la operación y el cierre técnico del campo.

Perenco y el cierre del campo Xan: US$320 millones en activos bajo cuestionamiento en el Congreso

La polémica gira en torno a la empresa Perenco Guatemala Limited, que manejó estos activos por más de 40 años, y al proceso que ahora se inicia para el desmantelamiento de los pozos y la administración temporal por parte del Estado.

El valor de los activos petroleros

Perenco y el cierre del campo Xan US$320 millones en activos bajo cuestionamiento en el Congreso

De acuerdo con el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, aproximadamente un 60% de los activos corresponde a la refinería y al oleoducto, mientras que el 40% restante pertenece al campo Xan, que incluye equipo reutilizable o vendible.

Ventura explicó que parte de la infraestructura podría emplearse en la reactivación de la industria de hidrocarburos fuera de las áreas protegidas, como en los campos Atzam y Chocop, considerados estratégicos para mantener activa la producción de petróleo en Guatemala.

El cierre técnico del campo Xan

El contrato petrolero 2-85 expiró el 13 de agosto y la ley prohíbe extender la explotación dentro del área protegida del Parque Nacional Laguna del Tigre. Por ello, el MEM anunció el cierre técnico de los 59 pozos del campo Xan, proceso que se estima durará tres años, a razón de más de un pozo por mes.

Parte de los equipos, como torres de perforación y generadores eléctricos, podrían ser adquiridos por el Estado o vendidos a empresas privadas interesadas. No obstante, el diputado Álvaro Arzú Escobar criticó la posibilidad de que parte de la infraestructura termine vendida como chatarra.

Emergencia sin dictamen favorable: el cuestionamiento del Congreso

Uno de los principales puntos de controversia es la legalidad de los acuerdos de emergencia emitidos para contratar servicios petroleros.

Posturas en el Congreso:

    • Álvaro Arzú Escobar: señaló que los artículos 44 y 50 de la Ley de Hidrocarburos exigen un dictamen favorable de la Comisión Nacional Petrolera antes de declarar emergencias. A su criterio, los acuerdos deberían derogarse por haberse emitido sin ese respaldo.
  • Luis Aguirre: coincidió en que la falta de dictamen expone al Estado a acciones legales en el futuro.
  • Jesús Mejía: pidió no desmantelar el campo Xan y reactivar su explotación con el próximo gobierno.
  • Fidel Reyes Lee: propuso un nuevo modelo de contrato con participación del Estado, la empresa privada y los ciudadanos en proporciones iguales.

Ventura respondió que la Comisión Nacional Petrolera ha acompañado el proceso durante un año, pero aún no emitió un dictamen formal, por lo que solicitará asesoría legal al ministerio para definir los próximos pasos.

Costos y compromisos financieros

Más allá del valor de los activos, el cierre técnico del campo Xan tendrá un costo estimado de US$50 millones para el Estado, recursos que deberán destinarse al desmantelamiento y rehabilitación ambiental de la zona.

Los diputados también debatieron sobre los ingresos que la explotación petrolera ha generado en el pasado y los costos que implicó para el país reconocer las inversiones efectuadas por la empresa, las cuales no siempre resultaron favorables para las finanzas públicas.

Impacto ambiental: un tema pendiente

Durante la citación, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, reconoció que desconoce el impacto ambiental real causado por cuatro décadas de explotación en el área protegida. Sin embargo, aclaró que el desconocimiento no significa ausencia de daños.

Recordó que en 2010 el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) evaluó el valor económico del Parque Nacional Laguna del Tigre, el cual genera Q5 mil 400 millones anuales en bienes y servicios ambientales, lo que lo convierte en un ecosistema de enorme relevancia para Mesoamérica.

Orantes anunció que en septiembre se enviará un equipo técnico a evaluar los pasivos ambientales en las 10 mil hectáreas del polígono Xan, y se elaborarán los términos de referencia para la evaluación de impacto ambiental que deberá cumplir la empresa contratada para el cierre técnico.

Presencia humana y sitios arqueológicos en riesgo

La ministra también informó que en la zona se han identificado nueve sitios arqueológicos, además de usurpaciones para ganadería y agricultura, y la presencia de unas 710 personas asentadas ilegalmente en el área de Vista Hermosa.

Estos hallazgos refuerzan la necesidad de un manejo integral del cierre del campo, que contemple no solo los aspectos técnicos de los pozos petroleros, sino también la protección ambiental, arqueológica y social de la región.

El futuro de la industria petrolera en Guatemala

El cierre del campo Xan no significa el fin de la industria petrolera en el país. El MEM confirmó que se evalúa la reactivación de campos como Atzam y Chocop, además de la posibilidad de abrir nuevas áreas fuera de zonas protegidas. Sin embargo, estos proyectos requieren procesos de licitación que podrían tardar varios años.

Mientras tanto, la refinería y el oleoducto seguirán operando temporalmente bajo la administración del MEM, hasta que se contrate a una o más empresas encargadas de su operación y mantenimiento.

El caso de Perenco y el cierre del campo Xan refleja la compleja relación entre la explotación de recursos naturales, la legalidad de los procesos administrativos y la urgencia de garantizar la protección ambiental.

Con US$320 millones en activos en disputa y un costo de US$50 millones para el cierre técnico, el debate político y social continuará marcando la agenda nacional. Lo que está en juego no es solo la transparencia en los contratos, sino también el futuro de la industria petrolera en Guatemala y la conservación de uno de los ecosistemas más importantes de Mesoamérica.

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