Congreso y MP se enfrentan por armas, presupuesto y denuncias de persecución

José Chic cuestiona uso de recursos y acusa al MP de actuar con sesgo político

Durante una citación al Ministerio Público, el diputado José Chic protagonizó un fuerte cruce con representantes de la institución liderada por Consuelo Porras. El congresista denunció un supuesto uso indebido del presupuesto del MP, compras irregulares y la presunta persecución de líderes sociales y periodistas.

Señalamientos directos al MP

Chic acusó al MP de priorizar investigaciones contra actores incómodos para ciertos sectores de poder, mientras protege a personajes como el expresidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez. También arremetió contra la gestión de Rafael Curruchiche al frente de la FECI, señalando que la mayoría de casos son declarados bajo “reserva” sin justificación legal.

Otro punto crítico fue la compra de armamento, incluyendo carabinas y chalecos antibalas. Según Chic, el MP está construyendo un “mini ejército” interno que genera dudas sobre su propósito real.

El MP responde a las acusaciones

El secretario general del MP, Ángel Pineda, defendió las acciones de la institución afirmando que todas las decisiones se toman “con base en hechos y no percepciones”. Además, instó al diputado a presentar denuncias formales si considera que se ha cometido una ilegalidad.

Por su parte, la directora financiera Fulvia Ruiz explicó que más de 600 agentes de seguridad del MP no contaban con armamento adecuado, por lo que la adquisición fue necesaria para resguardar al personal fiscal y las instalaciones. Actualmente, la institución cuenta con 1,641 elementos de seguridad asignados a diferentes áreas operativas.

Un conflicto que no termina

El diputado José Chic cerró la sesión criticando el desempeño del jefe de seguridad del MP y dejó claro que, en su opinión, la institución actúa más como un brazo político que como un ente de justicia independiente.

La tensión entre el Congreso y el Ministerio Público continúa creciendo, con un nuevo capítulo que refuerza la desconfianza pública sobre el uso de los fondos estatales y la imparcialidad en la aplicación de la ley.