Consuelo Porras responde a la ONU tras llamado a cesar criminalización en el MP

Consuelo Porras responde a la ONU: el Ministerio Público actúa según la ley, no por presiones

La fiscal general reacciona a las declaraciones de la relatora especial de la ONU sobre criminalización y justicia en Guatemala

En medio de crecientes cuestionamientos internacionales sobre la situación de los derechos humanos y la independencia judicial en Guatemala, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, emitió una firme respuesta ante las declaraciones de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, quien urgió al país a frenar la criminalización y proteger la integridad del sistema judicial. Porras defendió el actuar del Ministerio Público (MP) y aseguró que la institución no opera bajo presiones externas ni responde a agendas ajenas a su mandato legal.

El Ministerio Público asegura que actúa con independencia y apegado a la ley

En un mensaje audiovisual difundido en las plataformas oficiales del MP, Consuelo Porras destacó que la labor del ente investigador se realiza “conforme a la ley, guiada exclusivamente por el mandato constitucional que le fue asignado al Ministerio Público”.

Recalcó que el trabajo que desempeñan fiscales, auxiliares fiscales, personal técnico y administrativo se lleva a cabo con profesionalismo, responsabilidad y en apego al marco legal vigente.

“La justicia en Guatemala no se negocia. La justicia se construye, se ejerce y se defiende”, subrayó Porras, en un discurso que buscó reafirmar la independencia del Ministerio Público frente a los señalamientos nacionales e internacionales.

Además, agradeció al personal de la institución por su “valentía y compromiso diario”, reconociendo el trabajo realizado incluso “ante la adversidad”. Esta declaración llega en un momento en que diversos sectores cuestionan el uso del derecho penal como instrumento de persecución contra operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos.

La relatora de la ONU cuestiona duramente la criminalización en Guatemala

Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, concluyó recientemente una visita oficial a Guatemala, en la cual presentó un informe crítico respecto al estado de la justicia en el país. En sus declaraciones ante la prensa, la funcionaria expresó su preocupación por el uso del derecho penal como herramienta de intimidación y represión.

Satterthwaite afirmó que recibió testimonios de personas que manifestaron temor frente a la posible persecución penal por parte del MP. “La criminalización es algo aterrador, nadie quiere encontrarse en esa situación”, dijo, al mismo tiempo que instó al Estado guatemalteco a adoptar reformas estructurales para evitar este tipo de prácticas.

Según la relatora, existe una instrumentalización del derecho penal que se traduce en una “privación sistemática, intencionada y grave de derechos fundamentales” dirigida contra sectores que luchan contra la corrupción, defienden los derechos humanos o denuncian abusos de poder.

ONU: urge detener la criminalización en el sistema judicial guatemalteco

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también se pronunció a través de un comunicado oficial, en el cual respaldó las observaciones de la relatora especial y llamó al Ministerio Público a detener de inmediato cualquier práctica de criminalización indebida.

“El Estado de Guatemala tiene la obligación efectiva de garantizar un sistema de justicia independiente, imparcial y eficaz. Cada poder del Estado, y cada órgano dentro de esos poderes, debe contribuir a este objetivo fundamental, que es la base de la democracia y el respeto a los derechos humanos”, señaló el comunicado.

Asimismo, se enfatizó la importancia de que los jueces evalúen cada caso penal con independencia y apego a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, que incluye los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el país.

La fiscal general insiste en que el MP es autónomo y rechaza cualquier injerencia

Ante las recomendaciones y críticas internacionales, Consuelo Porras reiteró que el Ministerio Público guatemalteco no se someterá a presiones externas ni permitirá injerencias que comprometan su autonomía. “Esperamos lo mismo de quienes nos observan: respeto a nuestra institucionalidad y apertura al diálogo responsable”, declaró en su mensaje oficial.

Este tipo de declaraciones han sido recurrentes por parte de la jefa del MP, quien ya ha enfrentado críticas en el pasado tanto a nivel nacional como internacional por supuestos actos de criminalización contra jueces y fiscales que trabajaron en casos emblemáticos de corrupción. No obstante, Porras sostiene que todas las actuaciones del Ministerio Público están debidamente fundamentadas en la ley y son parte del cumplimiento de su deber constitucional.

El futuro del sistema de justicia guatemalteco en el centro del debate

La visita de la relatora especial de la ONU y su informe preliminar han reavivado el debate sobre el estado de derecho en Guatemala, especialmente en lo relativo a la independencia judicial y la persecución de actores que luchan contra la corrupción. La comunidad internacional ha mostrado preocupación por el rumbo que ha tomado la institucionalidad guatemalteca en los últimos años.

En ese contexto, la respuesta de Consuelo Porras representa una reafirmación del enfoque que ha mantenido el MP durante su gestión, aunque deja en evidencia el creciente distanciamiento entre las autoridades nacionales y los organismos internacionales encargados de velar por los derechos humanos y la justicia en el mundo.

Las posturas encontradas entre la fiscal general de Guatemala y la relatora especial de la ONU reflejan una tensión profunda sobre el rol del Ministerio Público en la garantía del estado de derecho. Mientras Consuelo Porras insiste en que la institución actúa con independencia y según la ley, la ONU hace un llamado urgente a frenar lo que considera una práctica sistemática de criminalización.

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