Covial admite error millonario: Q737 millones mal asignados en su presupuesto 2025

reconocen que no debían recibir esos fondos y los reprogramaron a Caminos

Una nueva controversia presupuestaria sacude al sector de infraestructura pública en Guatemala. La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) reconoció públicamente que el proyecto de presupuesto 2025 incluyó Q737 millones que no debían estar a su nombre, debido a un “error técnico” en el sistema financiero del Estado.

De acuerdo con el portal Sicoin, los fondos estaban etiquetados para la adquisición de maquinaria pesada y equipo de construcción, a pesar de que Covial no ejecuta directamente obras ni posee maquinaria propia.

Covial no opera obras, solo contrata

Luis Sánchez, parte del equipo técnico de Covial, explicó con claridad el problema:

“Técnicamente, sí fue un error. Covial no es una unidad ejecutora. No tiene maquinaria ni estructura operativa como Caminos”.

Covial funciona como ente administrador de contratos, que licita y supervisa proyectos, pero no construye directamente ni tiene capacidad logística para hacerlo. Esa función corresponde a la Dirección General de Caminos, que sí cuenta con personal, maquinaria y recursos técnicos para intervenir directamente en carreteras y caminos rurales.

así se corrigió el error

El error presupuestario fue detectado y corregido en dos fases:

• Q530 millones fueron reprogramados en enero

• Q207 millones más se trasladaron en marzo

Ambos montos fueron reorientados hacia la Dirección General de Caminos, institución que sí tiene facultades para utilizar ese tipo de fondos en obra pública directa.

Pese a la explicación técnica, el caso desató suspicacias sobre si realmente se trató de una omisión honesta o si alguien intentó canalizar fondos de forma irregular, aprovechando la falta de control público en temas presupuestarios.

¿error técnico o intento de desvío silencioso?

La polémica no tardó en generar cuestionamientos dentro del Congreso y la ciudadanía. Algunos diputados plantean la necesidad de investigar si fue solo un fallo administrativo o parte de una estrategia para mover fondos sin mayor supervisión.

La Contraloría General de Cuentas aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso, pero se espera que solicite auditorías específicas en la asignación presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones.