Diputado José Chic solicita al MP investigar gestión de Giammattei y exfuncionarios

Carta presentada ante el Ministerio Público pide revisar posibles irregularidades

El diputado José Chic, integrante de la bancada VOS, presentó en el Ministerio Público una carta dirigida a la fiscal general María Consuelo Porras, en la que solicita la apertura de investigaciones relacionadas con la gestión del expresidente Alejandro Giammattei, del exministro de Comunicaciones Miguel Martínez y de otros exfuncionarios. El planteamiento apunta a que se revisen posibles irregularidades cometidas durante el gobierno anterior, a partir de denuncias y señalamientos ya conocidos en la opinión pública.

Según explicó el congresista al detallar el contenido del documento, el objetivo es que el MP evalúe la existencia de hechos que puedan constituir delitos vinculados al uso de recursos públicos, contratos y decisiones administrativas. La petición pone el foco en la actuación de las autoridades de turno frente a expedientes relacionados con la administración pasada y en la respuesta institucional ante reclamos de rendición de cuentas.

Llamado a investigaciones objetivas y supervisión del uso de recursos

En su solicitud, Chic plantea que las investigaciones se desarrollen con criterios técnicos, revisión documental exhaustiva y supervisión adecuada de los procesos. La propuesta busca que se analicen de forma sistemática contratos, adjudicaciones y decisiones clave, con el fin de establecer si hubo o no abusos de poder, manejo discrecional de fondos o violaciones a la normativa vigente.

El diputado sostiene que, más allá del pronunciamiento político, la respuesta del Ministerio Público será determinante para fortalecer o debilitar la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Para diversos sectores, la forma en que se tramiten solicitudes de este tipo muestra si el país está en condiciones de investigar a exfuncionarios una vez dejan el cargo, o si esas demandas se quedan limitadas a declaraciones públicas y gestos simbólicos.

En este contexto, la discusión vuelve sobre un punto central: ¿hasta qué punto acciones como estas pueden transformarse en investigaciones efectivas y eventuales procesos penales contra exautoridades, y no solo en nuevos episodios de confrontación política sin consecuencias concretas?