Diputados aprueban reforma para castigar amenazas: ¿ley contra mareros o escudo político?

la nueva norma impone hasta 10 años de cárcel por amenazas, incluso si no constituyen delito

El Congreso de la República aprobó una reforma al Artículo 215 del Código Penal, que ahora establece penas de hasta 10 años de prisión por amenazas, incluyendo aquellas que no necesariamente constituyen un delito.

El cambio fue impulsado desde la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, en el marco de iniciativas dirigidas a combatir a estructuras criminales y maras. Sin embargo, la redacción final abre la puerta a que cualquier amenaza, incluso verbal o en redes sociales, sea castigada con cárcel, lo que ha generado inquietud entre juristas y defensores de la libertad de expresión.

“Quien amenazare a otro… con un mal que constituya o no delito, será sancionado con prisión de 3 a 10 años”, indica la reforma aprobada.

Además, si el autor pertenece a una “estructura criminal o mara”, la pena se duplica automáticamente.

¿protección para los ciudadanos o para los diputados?

Aunque en principio la reforma fue presentada como una herramienta para combatir la violencia de pandillas, varios sectores advierten que los más beneficiados serán los propios funcionarios públicos, especialmente diputados y figuras expuestas a críticas en redes sociales.

En grupos de análisis político se ha comentado que la ley podría ser usada para silenciar opositores, periodistas o ciudadanos que expresen su descontento de forma enérgica. De hecho, en el pasado, varios diputados han denunciado ante el MP a usuarios de redes por publicaciones irónicas o críticas directas.

“Esto parece una excusa para usar la ley contra quien los cuestione. La mayoría no son mareros, son personas indignadas con el sistema”, opinó un abogado penalista.

un precedente peligroso

La aprobación fue firmada el 21 de octubre, justo cuando el Congreso enfrenta críticas por la Ley de Gasto Exprés para los CODEDES, y cuando el Ejecutivo ha sido debilitado por la reciente fuga de 20 reos y la renuncia de altos mandos del Mingob.

La combinación de nuevas leyes restrictivas, alta tensión política y poca confianza en la independencia judicial, ha generado preocupación en redes y medios independientes.

“Están usando el miedo a las maras para blindarse ellos mismos”, fue uno de los comentarios más compartidos en Twitter tras la publicación del decreto.