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El Juez del caso Melisa Palacios se excusa y favorece nuevamente a Fernanda Bonilla

El Juez del caso Melisa Palacios se excusa y favorece nuevamente a Fernanda Bonilla

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La complejidad y tensión del caso provocan un giro inesperado en la antesala de una posible transición hacia un Juzgado de Mayor Riesgo

En una decisión que marca un punto de quiebre en el proceso judicial por la muerte de Melisa Palacios, el juez Juan José Regalado, quien durante tres años estuvo al frente del expediente penal contra María Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas José Luis Marroquín Ovalle, se excusó oficialmente de continuar conociendo el caso.

Su salida ocurre a tan solo días de que se celebre una audiencia clave en la que se analizará si este expediente debe trasladarse a un Juzgado de Mayor Riesgo, debido al nivel de intimidación y peligrosidad percibida por las partes involucradas.

Caso Melisa Palacios juez se retira del proceso penal tras dudas sobre su imparcialidad

La excusa presentada por Regalado responde a diversos señalamientos de falta de imparcialidad que fueron planteados tanto por el Instituto de la Víctima como por la familia de la joven fallecida. Estos actores han expresado desde hace tiempo su desconfianza en la judicatura de Chiquimula, aduciendo que el proceso ha estado marcado por decisiones que favorecen a los sindicados. Incluso, la madre de la víctima, Anabella Chacón, interpuso una denuncia formal contra todos los jueces de ese distrito judicial, lo que terminó alimentando la solicitud de amparo para trasladar el caso a un juzgado de mayor rigurosidad y resguardo institucional.

La decisión del juez Regalado se ampara en el principio de sanidad del proceso. Según explicó Juan Carlos Aquil, abogado del Instituto de la Víctima, el juez consideró prudente apartarse del expediente, tomando en cuenta los constantes cuestionamientos que han afectado su credibilidad ante los involucrados. De esta manera, se busca garantizar un proceso más equilibrado y confiable, justo cuando el caso se prepara para un nuevo escenario procesal.

Con la excusa del juez ya en curso, corresponde ahora a los magistrados de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Chimaltenango resolver sobre la continuidad del proceso y decidir si el expediente debe o no ser trasladado a un Juzgado de Mayor Riesgo. Esta solicitud se fundamenta principalmente en el artículo 2 de la Ley de Competencia de los Juzgados de Mayor Riesgo, que permite dicha transición en casos donde se identifiquen amenazas o presiones contra jueces, fiscales o testigos.

El Instituto de la Víctima y la Fiscalía de Femicidio han argumentado que este es precisamente el caso. Las audiencias han estado marcadas por la presencia de personas armadas, algunas con el rostro cubierto, lo que ha generado temor entre los operadores de justicia. Según los reportes legales, la Policía Nacional Civil no ha logrado controlar estas apariciones ni justificar la presencia de individuos con armas de grueso calibre en las inmediaciones del tribunal.

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Uno de los elementos más ilustrativos de la gravedad del caso es el despliegue de seguridad cada vez que se realiza una audiencia. Un video reciente mostró cómo más de 25 agentes de la PNC y al menos 10 guardias élite del Sistema Penitenciario participaron en el traslado de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín desde la cárcel de Zacapa hasta el Juzgado de Chiquimula. Este dispositivo responde, según las autoridades, a alertas emitidas por la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria y a una solicitud de la Fiscalía, ante posibles atentados contra los sindicados.

Este nivel de resguardo, aunque común en casos de alto impacto, refuerza el argumento de que la causa judicial ya no puede seguir tratándose en una judicatura ordinaria. El entorno del caso se ha vuelto complejo y altamente sensible, tanto por la exposición pública como por las implicaciones sociales y emocionales que conlleva.

Melisa Palacios fue vista con vida por última vez el 3 de julio de 2021, cuando salió de su casa indicando que iría al cumpleaños de un amigo. Sin embargo, se reunió con María Fernanda Bonilla, amiga cercana y principal acusada del crimen. Las cámaras de seguridad documentaron el momento en que Palacios abordó un vehículo junto a Bonilla, y posteriormente se captó el trayecto seguido por los vehículos implicados. Horas después, Melisa fue hallada sin vida, con la misma ropa que llevaba en las grabaciones.

El Ministerio Público sostiene que hay suficientes elementos para establecer una relación directa entre la sindicada y la muerte de la joven. Entre las pruebas clave se encuentran audios proporcionados por una testigo, en los que se escucha a Bonilla discutiendo con la víctima, mientras esta suplica por su vida. Pese a esta evidencia, en 2021 un juzgado decidió modificar la calificación del delito. A Bonilla se le atribuyó homicidio en estado de emoción violenta y a Marroquín el delito de encubrimiento propio.

El caso Melisa Palacios ha despertado la atención pública por múltiples razones: la cercanía entre víctima y victimaria, la aparente planificación del crimen, la controversia judicial y el entorno de intimidación que rodea el proceso. A medida que se aproxima la audiencia clave del 9 de junio, las expectativas crecen. Si el expediente finalmente se traslada a un Juzgado de Mayor Riesgo, podría marcar un precedente importante para otros procesos donde se ponga en peligro la seguridad de los participantes judiciales.

La sociedad guatemalteca, aún dolida por casos de violencia contra mujeres que permanecen impunes, ve en esta causa una oportunidad para fortalecer la justicia y enviar un mensaje claro sobre la importancia de proteger a las víctimas y a quienes buscan justicia en su nombre.

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