El negocio ilegal de los aparta-parqueos preocupa a autoridades de la capital

Ingresos mensuales y control territorial

Nuevos datos presentados en el Congreso revelan que los grupos que controlan aparta-parqueos en la Ciudad de Guatemala generan ingresos que oscilan entre Q10 mil y Q15 mil al mes por cada punto. Según el diputado Juan Carlos Rivera, estas estructuras cobran por “cuidar” espacios que son públicos, lo que ha convertido esta práctica en una actividad rentable y sostenida.

La violencia asociada a estos cobros es uno de los principales focos de alerta. Conductores que se niegan a pagar han reportado daños, rayones y saqueos en sus vehículos, lo que evidencia el nivel de coerción de estos grupos.

Estructuras organizadas más allá de la extorsión cotidiana

El gerente de Emetra, Héctor Flores, indicó que no se trata de personas actuando de manera aislada. Señaló que existe coordinación, distribución de funciones y control territorial, e incluso vínculos con actividades delictivas más amplias. Esto explicaría por qué los operativos actuales no han logrado desarticular de manera efectiva el sistema.

Coordinación interinstitucional y posibles reformas

Tras la citación legislativa se acordó conformar una mesa técnica entre el Congreso, Emetra, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. El objetivo es establecer acciones conjuntas para recuperar los espacios públicos e iniciar procesos penales más sólidos contra quienes realizan estos cobros ilegales.

Además, se analiza una posible reforma al Código Penal para tipificar y sancionar directamente la exigencia de pagos no autorizados en áreas públicas.

Zonas prioritarias para intervención

El plan inicial contempla intervenir espacios donde el problema es más crítico, entre ellos los alrededores de hospitales, sedes del IGSS y centros asistenciales. En estas zonas, los cobros irregulares se han convertido en una práctica recurrente que afecta a miles de usuarios diariamente.

¿Considera que esta estrategia interinstitucional será suficiente para desmantelar estas redes o será necesario un enfoque más amplio en materia de seguridad ciudadana?