El silencio que incomoda: ¿Está el MP protegiendo a Otto Pérez Molina?

La devolución millonaria que casi nadie quiere explicar

La reciente resolución que permite al expresidente Otto Pérez Molina recuperar más de Q4.1 millones embargados desde 2015 ha generado indignación y desconfianza. Pero lo más preocupante no es solo la decisión judicial, sino el silencio absoluto del Ministerio Público (MP) frente a un caso que debería estar en el centro del debate nacional.

La fiscal general María Consuelo Porras —quien dirige una institución cuestionada tanto a nivel nacional como internacional— no ha dicho una sola palabra sobre si el MP apelará o no la decisión que favorece a uno de los principales símbolos de la corrupción en Guatemala.

¿Por qué tanto silencio?

El MP ha sido rápido en perseguir a operadores de justicia, líderes comunitarios y periodistas. Sin embargo, en casos vinculados al poder político y económico, su reacción es tibia o nula. Y en este caso, directamente inexistente.

Algunos juristas consideran que la inacción del MP podría interpretarse como un aval indirecto a la devolución del dinero, lo cual abre una enorme grieta en la credibilidad institucional. ¿Por qué no están haciendo nada? ¿Por qué no hay un comunicado? ¿Por qué los medios tradicionales tampoco están presionando?

Los medios también callan

A pesar de la gravedad del caso, muy pocos medios han dado seguimiento crítico a la resolución del juez Delmar González. La mayoría simplemente reproduce los hechos sin profundizar en el rol del MP o en las implicaciones políticas del fallo.

Este patrón no es nuevo: cuando se trata de decisiones que podrían incomodar a los actores de poder, algunos medios optan por bajarle el perfil a la noticia o directamente no publicarla.

¿Protección desde adentro?

No es descabellado pensar que existe una red de protección institucional que evita que ciertos casos avancen o se discutan públicamente. La devolución del dinero a Otto Pérez Molina no solo es un revés simbólico en la lucha contra la corrupción, sino también una señal de que el aparato de justicia podría estar operando a conveniencia de ciertos intereses.

La ciudadanía merece respuestas

El caso no puede quedar en el olvido. La ciudadanía tiene derecho a saber:

• ¿Por qué el MP no ha apelado la decisión?

• ¿Quién protege a Otto Pérez Molina desde las instituciones?

• ¿Por qué los medios evitan hablar del tema con profundidad?

Cuando se normaliza el silencio, la impunidad se convierte en norma. Y si las autoridades no dan explicaciones, es la gente quien debe exigirlas.