
Gobernación descarta negociar y niega retorno de privilegios en cárceles
El Ministerio de Gobernación afirmó que no negociará con pandillas ni devolverá beneficios carcelarios exigidos durante los motines registrados en tres centros penitenciarios. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo que el Gobierno no cederá a presiones para que los reclusos depongan acciones violentas.
La postura se dio tras una jornada marcada por la crisis penitenciaria y una serie de ataques contra la Policía Nacional Civil (PNC) en el área metropolitana. Las cifras de agentes fallecidos variaron conforme avanzó el día: Reuters reportó al menos siete policías muertos, EFE informó ocho y AP elevó el conteo a nueve.
Qué reclamaban los amotinados y qué línea fija el Gobierno

Según reportes de Reuters y AP, la revuelta en prisiones incluyó toma de rehenes y demandas de “privilegios” para el líder del Barrio 18, Aldo Dupié Ochoa, alias “El Lobo”. Entre los reclamos mencionados públicamente se incluyeron mejores condiciones de reclusión y trato diferenciado.
Villeda sostuvo que la respuesta será recuperar el control de los centros y reforzar operativos conjuntos con apoyo del Ejército, sin abrir espacios a negociaciones con estructuras criminales.
La base legal que se invoca: Decreto 11-2025
En el trasfondo está el Decreto 11-2025, que establece un marco para la identificación y tratamiento de maras o pandillas como organizaciones criminales transnacionales y terroristas, incluyendo a Barrio 18 y Mara Salvatrucha.
La norma también contempla fortalecer infraestructura de máxima seguridad y mecanismos de cooperación internacional en inteligencia, seguridad y procedimientos de extradición, como parte del enfoque estatal para enfrentar estas estructuras.
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