Greicy De León exige garantías constitucionales en la Ley Antilavado

La discusión de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo mantiene en vilo al Congreso de la República, mientras los bloques legislativos negocian las últimas enmiendas antes de una votación que podría concretarse la próxima semana. En medio de este escenario, la diputada Greicy De León, del bloque VAMOS, alzó la voz para exigir que la normativa respete principios constitucionales fundamentales.

¿Qué exige Greicy De León para aprobar la Ley Antilavado?

La congresista señaló que una de las prioridades de su bancada es garantizar que la nueva ley no vulnere la presunción de inocencia ni el debido proceso, derechos consagrados en la Constitución Política de la República. Según De León, aprobar una normativa que ignore estas garantías podría generar riesgos de inconstitucionalidad en el futuro, lo que debilitaría el marco legal en lugar de fortalecerlo.

La legisladora manifestó su expectativa de que la iniciativa sea aprobada en los próximos días, siempre y cuando se incorporen salvaguardas que protejan a los ciudadanos de posibles abusos durante las investigaciones. «Como es para todos sabido, el día martes se tiene contemplado la aprobación de la ley antilavado. La bancada Vamos está totalmente de acuerdo con esa ley. Simplemente se están discutiendo algunas reformas dentro del proceso», expresó.

De León agregó que su bancada considera esencial que la normativa incluya mecanismos claros para proteger la presunción de inocencia, un principio que —en palabras de la diputada— no debería ser negociable en ninguna legislación que pretenda combatir el crimen organizado sin atentar contra derechos fundamentales.

¿En qué punto está el debate de la Ley Antilavado en el Congreso?

Las negociaciones alrededor de la iniciativa 6593 han avanzado en las últimas horas con acuerdos parciales sobre ocho enmiendas presentadas por distintas bancadas. De ellas, tres contaron con viabilidad completa y dos con viabilidad parcial, mientras que tres artículos quedaron fuera de toda modificación por observaciones técnicas vinculadas a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Los artículos 52, 83 y 111 sí podrán modificarse. El primero busca ampliar las funciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en materia de capacitación; el segundo incorpora las figuras de proposición, conspiración y tentativa en delitos de lavado de dinero; y el tercero ajusta disposiciones del Código de Notariado. En cambio, los artículos 8, 73 y 74 permanecerán intactos porque cualquier cambio podría poner en riesgo la compatibilidad de la normativa con las recomendaciones internacionales.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, confirmó que el artículo 73 y el 74 «no se pueden tocar» debido a exigencias del GAFI. «Pues los tenemos que aceptar, es lo que quiere la GAFI», indicó ante consultas de la prensa.

¿Cuáles son los riesgos si Guatemala no aprueba la ley a tiempo?

La presión sobre los legisladores no proviene únicamente de la agenda interna. Varios sectores —incluida la Embajada de Estados Unidos y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)— han exigido la aprobación urgente de la ley para evitar que Guatemala sea incluida en la «lista gris» del GAFI, una categoría que implica aislamiento financiero y mayores dificultades para las transacciones internacionales.

Una inclusión en esa lista podría encarecer el acceso al sistema bancario global, complicar las inversiones extranjeras y generar un clima de desconfianza en los mercados. Por esa razón, el presidente Contreras convocó a una sesión extraordinaria para el miércoles 3 de junio, donde la iniciativa será conocida por artículos y en redacción final.

El mandatario del Legislativo también anunció que el lunes sostendrá una reunión con medios de comunicación para transparentar los acuerdos alcanzados antes de la votación, en un intento por dissipar las críticas sobre la falta de diálogo entre bancadas.

¿Qué garantías buscan los diputados de VAMOS?

Más allá de la discusión técnica, el debate ha puesto sobre la mesa una tensión entre la necesidad de cumplir con estándares internacionales y la obligación de respetar derechos constitucionales. La bancada VAMOS, representada por Greicy De León, insiste en que ambos objetivos son compatibles si se redactan disposiciones «más garantistas» que la normativa vigente.

Una de las propuestas rechazadas buscaba establecer de forma explícita que el delito precedente debería estar previamente determinado antes de iniciar una investigación por lavado de dinero, una medida que —según sus promotores— reforzaría la presunción de inocencia. Sin embargo, técnicos de la Superintendencia de Bancos y la IVE advirtieron que esta modificación podría afectar la autonomía del delito de lavado, un concepto introducido en reformas aprobadas desde 2010.

A pesar de este obstáculo, la iniciativa ya incluye algunas mejoras en comparación con la ley actual. Ahora se exige al Ministerio Público demostrar que la persona investigada conocía el origen ilícito de los fondos, y se limita el uso de reportes de la IVE como base directa para acusaciones penales. Además, se restringe que el personal de la intendencia pueda ser utilizado como testigo en procesos judiciales relacionados con lavado de activos.

Con el reloj corriendo y la sesión extraordinaria a la vuelta de la esquina, el Congreso deberá definir si logra conciliar las exigencias del GAFI con las garantías constitucionales que demandan sectores como VAMOS, o si el proyecto volverá a quedar en suspenso por desacuerdos de última hora.