Mineduc envía 160 expedientes de docentes a juzgado para su destitución

El Ministerio de Educación dio un paso contundente en su conflicto con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala al trasladar al juzgado laboral 160 expedientes de docentes, con el objetivo de que sean destituidos por haber abandonado sus labores durante la huelga que paralizó miles de escuelas en el año 2025.

¿Por qué el Mineduc busca la destitución de 160 maestros?

Los expedientes fueron entregados al Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la Admisión de Demandas del Departamento de Guatemala, luego de que la cartera educativa completara todo el ciclo administrativo correspondiente. Según las autoridades, estos casos corresponden a profesores que se mantuvieron en paro de manera continuada y no regresaron a las aulas pese a las advertencias recibidas.

El viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, precisó que los documentos siguen el curso legal en el mismo juzgado que resolvió el primer emplazamiento contra el Ministerio, allá por enero pasado. Ahora, la decisión sobre el destino de estos educadores recae en el poder judicial.

¿Cuántas escuelas se vieron afectadas por la huelga del STEG?

La protesta promovida por el STEG, bajo la dirección de Joviel Acevedo, mantuvo alrededor de tres mil escuelas cerradas durante más de cincuenta días, dejando a miles de estudiantes sin clases presenciales. El paro se convirtió en uno de los conflictos laborales más prolongados del sector educativo en los últimos años.

Cabrera aclaró que no todos los docentes que se ausentaron enfrentan destitución. A aquellos que faltaron algunos días pero luego retomaron sus funciones se les impusieron sanciones económicas, superando las tres mil penalizaciones en total. Los 160 casos enviados al juzgado corresponden exclusivamente a quienes, notificados de las consecuencias, optaron por mantenerse en huelga indefinidamente.

¿Qué dice el STEG ante los procesos de destitución?

El sindicato ha rechazado de forma tajante las acciones del Mineduc. Su líder, Joviel Acevedo, ha declarado en repetidas ocasiones que ni los amparos, ni las actas administrativas, ni las amenazas de destitución o de cárcel lograrán detener la lucha del magisterio.

El STEG mantiene un emplazamiento contra el Ministerio de Educación que condiciona su retiro a la firma de un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo. La tensión entre ambas partes ha escalado hasta los tribunales, donde ya se han dictado amparos provisionales ordenando al sindicato abstenerse de suspender clases y bloquear carreteras.

¿Qué sanciones ya ha recibido el STEG por la huelga?

El conflicto no ha estado exento de consecuencias judiciales para la dirigencia sindical. En julio de 2025, el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social impuso sanciones económicas de cuatro mil quetzales a Joviel Acevedo y a otros miembros del comité ejecutivo del STEG, por acciones vinculadas con los paros y manifestaciones.

Además, el Juzgado Décimo Segundo del Ramo Civil otorgó un amparo provisional que ordena al sindicato no obstaculizar el trabajo de la cartera educativa ni impedir el normal desarrollo de las clases. A pesar de estas resoluciones, el STEG ha mantenido su postura de presión.

¿Cuál es el panorama del conflicto entre el Mineduc y los docentes?

La disputa entre el Ministerio de Educación y el sindicato mayoritario de maestros parece lejos de resolverse. Mientras el Mineduc apuesta por la vía judicial para separar a los docentes que considera reincidentes, el STEG exige negociación genuina y el respeto a los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.

La cartera que dirige Anabella Giracca ha insistido en que las sanciones buscan resguardar el derecho de los estudiantes a recibir educación sin interrupciones, mientras que los sindicalistas denuncian que las destituciones forman parte de una estrategia de amedrentamiento para desarticilar el movimiento gremial.

Con 160 expedientes ya en manos del juzgado y miles de sanciones económicas impuestas, el conflicto laboral en el sector educativo guatemalteco entra en una nueva fase judicial que podría definir el rumbo de las relaciones entre el Estado y los maestros en los próximos meses.