La grave acusación a los Magistrados del CSJ Antes de Dejar el Cargo

La grave acusación a los Magistrados del CSJ Antes de Dejar el Cargo

En una controvertida medida que ha generado diversas reacciones, los magistrados salientes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala se han asegurado significativos beneficios económicos antes de concluir su mandato. Estas decisiones impactarán el presupuesto del Organismo Judicial (OJ) por los próximos cinco años, generando un costo millonario para el Estado.

Beneficios Aprobados por los Magistrados de la CSJ

En su última sesión antes de abandonar sus puestos, los magistrados aprobaron varias disposiciones que han causado revuelo. Uno de los principales acuerdos incluye un aumento del 10 % en el salario para todo el personal del OJ, una medida que, si bien podría considerarse beneficiosa para los trabajadores, también supone una considerable carga financiera.

Sin embargo, el punto más polémico es la asignación de seguridad personal para los magistrados salientes, quienes gozarán de este privilegio hasta 2029, a pesar de ya no estar en funciones. Cada uno contará con un equipo de un piloto y dos guardias por turno, garantizando protección continua durante varios años más.

El costo que estas medidas tendrán para las arcas del Organismo Judicial es considerable. Según estimaciones, el gasto anual relacionado con la seguridad de los exmagistrados asciende a Q6.55 millones. Si se proyecta esta cifra hasta el 2029, la suma total alcanzará los Q32.75 millones.

Además, el aumento salarial que fue aprobado para el personal del OJ representará una carga adicional de Q845 millones en los próximos cinco años. Esto lleva a que el Organismo Judicial esté comprometido con un gasto total estimado en Q877.7 millones, lo que ha generado preocupación en varios sectores, tanto por el impacto presupuestario como por la forma en que se tomaron estas decisiones.

Tensión en la Sesión Final de la CSJ

El proceso que llevó a la aprobación de estos beneficios no estuvo exento de tensiones. La última sesión plenaria celebrada el pasado 9 de octubre fue escenario de desacuerdos entre los magistrados, lo que incluso llevó a que el presidente de la CSJ, Oscar Cruz, abandonara la reunión.

Cruz cerró la sesión al mediodía, citando motivos de protección a su integridad física, debido a los insultos y desacuerdos que surgieron entre sus colegas. El principal motivo de discordia fue la propuesta inicial de Cruz de asignar dos guardias para cada magistrado saliente, mientras que otros togados pedían que fueran tres. Finalmente, se decidió que cada magistrado contará con cuatro guardias, distribuidos en dos turnos.

Antes de retirarse, Cruz levantó un acta notarial para dejar constancia de lo ocurrido durante la sesión, asegurando que la decisión final fue tomada después de su salida.

Las medidas aprobadas por los magistrados salientes han generado un debate sobre la ética y transparencia en la toma de decisiones, especialmente en un contexto en el que Guatemala enfrenta desafíos presupuestarios en múltiples áreas. Mientras algunos argumentan que es necesario garantizar la seguridad de quienes han ocupado cargos de alto perfil, otros consideran que estos beneficios son excesivos y representan un gasto injustificado para el Estado.

La situación ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la responsabilidad fiscal y la necesidad de mayor control en la asignación de recursos públicos, especialmente cuando se trata de funcionarios que ya no estarán en funciones.

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