Rafael Curruchiche no podrá ser magistrado de apelaciones
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, no logrará convertirse en magistrado de apelaciones, a pesar de haber avanzado hasta las últimas fases del proceso de selección. A continuación, se detalla lo ocurrido y cómo su candidatura se vio truncada en el tramo final del camino.
Proceso de selección: ¿Qué sucedió?
La Comisión de Postulación para magistrados de Cortes de Apelaciones y Tribunales de Igual Categoría, que es la encargada de elegir a los candidatos para este cargo, completó el domingo 22 de septiembre su lista definitiva de postulantes que será remitida al Congreso. En este proceso, Curruchiche, quien presentó su expediente el pasado 23 de agosto, esperaba figurar como uno de los seleccionados.
A pesar de haber alcanzado una calificación de 78 puntos, suficiente para avanzar en la fase final del proceso, no logró obtener el apoyo necesario de la comisión para integrar la nómina definitiva. De esta manera, su nombre no aparecerá en la lista que el Congreso revisará para elegir a los próximos magistrados.
Críticas y señalamientos en contra de Curruchiche
Durante el proceso de selección, Rafael Curruchiche fue objeto de varios señalamientos por parte de diversas organizaciones civiles. Sin embargo, a pesar de las objeciones en su contra, la etapa de tachas fue superada, ya que las objeciones presentadas no fueron aceptadas por la comisión.
Curruchiche es conocido por su rol como jefe de la Feci, una fiscalía clave en Guatemala que se ha dedicado a investigar casos de corrupción de alto perfil. Este rol ha generado tanto elogios como críticas hacia su labor, lo que aumentó el escrutinio público sobre su posible candidatura como magistrado de apelaciones.
Falta de apoyo y la votación decisiva
Uno de los momentos cruciales para la candidatura de Curruchiche fue la votación en la Comisión de Postulación. Aunque su expediente cumplía con los requisitos técnicos y alcanzó los puntos necesarios para estar en la fase final, no logró conseguir los votos suficientes para ser incluido en la lista que será enviada al Congreso. El apoyo requerido no fue alcanzado, y así, el proceso dejó fuera su aspiración a convertirse en magistrado.
Esto fue especialmente relevante dado que, en los días previos, habían surgido numerosas peticiones públicas para que su nombre no fuera considerado en la lista definitiva, lo cual finalmente se concretó.
Otros candidatos que tampoco lograron avanzar
Curruchiche no fue el único profesional destacado que quedó fuera de la nómina final de candidatos para magistrados de apelaciones. El juez Mynor Moto, quien también ha sido una figura controvertida en el ámbito judicial guatemalteco, tampoco logró conseguir los votos necesarios para ser considerado en la lista. Solo 16 comisionados votaron a su favor, muy por debajo de los 25 votos requeridos para avanzar.
Otros nombres que quedaron fuera de la lista incluyen al esposo de la fiscal general, Consuelo Porras, Gilberto Porres, y al exministro de Gobernación, Gendry Reyes. Ambos también aspiraban a ser parte del selecto grupo de candidatos que el Congreso evaluará próximamente.
Reacciones tras la exclusión de Curruchiche
La exclusión de Rafael Curruchiche de la lista de candidatos ha generado diversas reacciones en la esfera pública y política de Guatemala. Mientras algunos celebran que no avanzara debido a las críticas sobre su gestión en la Feci, otros señalan que su exclusión refleja la presión pública y política que se ejerce sobre el sistema de justicia del país.
El futuro de la selección de magistrados
Con la lista de candidatos ya conformada, el Congreso de Guatemala tendrá la tarea de elegir a los nuevos magistrados de apelaciones y de tribunales de igual categoría. Este proceso es vital para el futuro del sistema judicial del país, y las decisiones que se tomen en el Legislativo marcarán el rumbo de la justicia en los próximos años.
El caso de Rafael Curruchiche pone de manifiesto cómo la política y la justicia están interrelacionadas en Guatemala, y cómo los procesos de selección de altos funcionarios del sistema judicial pueden generar un intenso debate público.