La razón por la que Covial deberá repetir 65 concursos de mantenimiento vial

El mes de agosto de 2025 llega a su fin y Guatemala enfrenta una crisis en materia de infraestructura vial. A pesar de que las lluvias han retomado fuerza tras la canícula, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) aún no ha ejecutado acciones concretas para garantizar el mantenimiento y reparación de carreteras en varios puntos del país.

Covial deberá repetir 65 concursos de mantenimiento vial por falta de ofertas en Guatemala

Durante una citación con el diputado José Chic, el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, confirmó que la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) deberá repetir 65 concursos de licitación para la atención de tramos carreteros, debido a la falta de oferentes en los procesos de contratación pública.

458 eventos de licitación, pero sin resultados visibles

Según el funcionario, Covial ha presentado hasta ahora 458 eventos de licitación:

• 111 contratos bajo ejecución.

• 106 en proceso de suscripción.

• 118 adjudicados.

• 29 en evaluación.

• 29 listos para contratación directa.

• 65 sin oferentes, que deben subirse nuevamente a Guatecompras.

El monto total estimado para la inversión en mantenimiento vial, incluyendo los 65 concursos que se repetirán, asciende a más de Q1,100 millones. Sin embargo, la ausencia de avances tangibles genera dudas sobre la verdadera ejecución de los contratos.

Extorsiones, coimas y desinterés

El ministro Díaz explicó que el desinterés empresarial se debe a múltiples factores:

“Punto uno, porque no les interesa. Punto dos, porque hay procesos de extorsión a las empresas para que los dejen participar. Sí o sí caen muertos con la coima, pero no dentro del sistema de Covial, ni del Ministerio de Comunicaciones, sino por actores externos interesados en provocar que no se levanten eventos”, aseguró.

Díaz reconoció que las presiones provienen de actores externos, aunque no detalló de qué grupos se trata. Además, señaló que se han detectado al menos tres casos de extorsión en Chimaltenango, lo cual ha desalentado a varias empresas constructoras que prefieren no arriesgar la seguridad de su personal y maquinaria.

Fiscalización y denuncias de incumplimiento

El diputado José Chic realizó el 22 de agosto una verificación en el tramo de carretera que conecta San Pedro Carchá con Campur, en Alta Verapaz, señalado por el CIV como “en mantenimiento”. Sin embargo, constató que no había ni maquinaria ni personal trabajando en la ruta.

“El ministro decía que hay 111 contratos en ejecución. Yo vine a verificar en las Verapaces y no encontré absolutamente nada. Analizamos presentar acciones penales contra los funcionarios porque no pueden seguir mintiendo a la población”, declaró Chic.

El congresista recordó que existe un amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC), emitido el pasado 23 de junio, que ordena al CIV, al Ministerio de Finanzas y a Segeplan elaborar un plan integral para la rehabilitación, modernización y construcción de la red vial en un plazo de 90 días. Ese período vence el 23 de septiembre, por lo que los retrasos podrían derivar en sanciones legales.

Expertos advierten graves consecuencias

De acuerdo con Jorge Benavides, investigador de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), los atrasos reflejan una falla estructural en la planificación vial que se arrastra desde 2022.

El especialista recordó que muchos proveedores abandonaron operaciones en los últimos años debido a falta de pago durante 20 meses de este gobierno, lo que generó pérdida de maquinaria, personal y equipos.

“El problema es que si un gasto no se ejecutó hace 18 meses, hoy el deterioro es mayor y los costos se multiplican entre siete y nueve veces. Esto impacta directamente en la economía, ya que eleva el costo del transporte de productos para consumo interno y reduce la competitividad de las exportaciones”, explicó Benavides.

Riesgos por la temporada de lluvias

El experto también advirtió que las lluvias incrementan el riesgo de colapso en tramos y puentes sin mantenimiento. Casos como el hundimiento en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla son un ejemplo de lo que podría repetirse en otras rutas si no se actúa con rapidez.

Las consecuencias, añadió, no son solo económicas sino también sociales:

• Retrasos en el transporte de mercaderías.

• Pérdida de contratos internacionales por incumplimientos en exportaciones.

• Daños a vehículos particulares por baches y hundimientos.

• Incremento de accidentes de tránsito.

• Ausentismo escolar y laboral en comunidades rurales.

Medidas urgentes recomendadas

Benavides propone tres acciones inmediatas para evitar una crisis vial más profunda:

1. Agilizar la creación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), como lo ordena la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LIVP), dotándola de recursos y autonomía de gestión.

• Cumplir con las asignaciones presupuestarias establecidas en la LIVP, lo que permitiría planificar obras con mayor certidumbre financiera.

• Utilizar las herramientas del artículo 95 de la LIVP para atender emergencias viales, lo que facilitaría la contratación ágil de proveedores capaces de reparar tramos estratégicos y puentes en riesgo de colapso.

La situación de las carreteras en Guatemala refleja una crisis de gestión, falta de planificación y vulnerabilidad ante la corrupción y la extorsión. Con más de Q1,100 millones proyectados en inversión y 65 concursos que deben repetirse, los resultados aún son escasos y la red vial continúa deteriorándose.

El incumplimiento de plazos fijados por la Corte de Constitucionalidad y la ausencia de trabajos visibles ponen en duda la capacidad del Ministerio de Comunicaciones para responder a la emergencia vial.

En medio de la temporada de lluvias y con miles de usuarios afectados diariamente, el tiempo corre en contra de Covial y del gobierno. La infraestructura carretera no solo sostiene la movilidad de las personas, sino también el comercio, la educación, la salud y la seguridad vial. Cada día perdido implica un mayor costo económico y social para Guatemala.