MARN elimina plazo para licencias ambientales y establece nuevas sanciones

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) confirmó la eliminación del plazo límite para presentar licencias ambientales, medida que estaba fijada para el 27 de septiembre de 2025 en el Acuerdo Gubernativo 148-2024. Esta decisión implica una reforma al Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (Recsa) y cambia de manera sustancial la forma en que empresas y proyectos deberán cumplir con la normativa ambiental en Guatemala.

Empresas deberán regularizarse sin prórrogas adicionales

La modificación elimina también la multa de Q5,000 establecida en la prórroga anterior, aunque permanecen vigentes las sanciones que van desde Q5,000 hasta Q100,000, según la categoría de impacto ambiental del proyecto.

Licencias ambientales: un requisito obligatorio desde 1986

De acuerdo con el viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas, la obligatoriedad de contar con un instrumento ambiental no depende de plazos establecidos en acuerdos, sino que está contemplada desde 1986 en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.

“Todo proyecto, obra, industria o actividad debe tener un instrumento ambiental aprobado. No es necesario establecer fechas límite, porque la ley ya lo exige de forma permanente”, explicó Rodas.

El funcionario señaló que el otorgamiento de prórrogas había generado un efecto negativo: las empresas cumplidas percibían que los infractores podían operar sin consecuencias, lo que fomentaba una cultura de incumplimiento.

Antecedentes de las prórrogas

Desde la aprobación del Recsa en 2016, el MARN había otorgado dos prórrogas para que las empresas se pusieran al día con su licencia ambiental.

• En 2022, mediante el Acuerdo Gubernativo 298-2022, se extendió el plazo hasta septiembre de 2024.

• Posteriormente, en 2024, el Acuerdo Gubernativo 148-2024 otorgó un año adicional, fijando la fecha límite en septiembre de 2025.

Ambas extensiones respondieron al alto número de solicitudes de regularización y al interés de simplificar trámites sin comprometer estándares ambientales. Incluso se establecieron excepciones para negocios de impacto mínimo, como tiendas de barrio y tortillerías.

Multas y sanciones vigentes

Con la eliminación del último plazo, las sanciones ahora se aplicarán directamente conforme a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.

• Categoría A (alto impacto): multas de hasta Q100,000.

• Categoría B1 y B2 (impacto moderado): sanciones intermedias según la magnitud.

• Categoría C (bajo impacto): multas mínimas de Q5,000.

• Categoría CR (registro): la de menor impacto, con requisitos simplificados.

De esta manera, cualquier proyecto que opere sin licencia ambiental podrá ser sancionado sin necesidad de que el MARN emita nuevas prórrogas.

Postura de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG)

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresó su postura frente a la nueva medida. Según la organización, la eliminación del plazo significa que las actividades sin licencia ambiental serán multadas conforme a la ley.

La CIG también aclaró que los negocios registrados antes de 1986, año en que se promulgó la ley, estarán exentos de sanciones. Sin embargo, manifestó preocupación respecto a micro y pequeñas empresas, que pese a su bajo impacto ambiental, deben cumplir con los mismos requisitos, lo que podría incentivar la informalidad.

En ese sentido, la Cámara recomendó aplicar la multa mínima de Q5,000 para este tipo de actividades, con el fin de no afectar la formalización empresarial y al mismo tiempo fortalecer la gestión ambiental.

¿Qué empresas deben contar con una licencia ambiental?

El MARN clasifica los proyectos que requieren instrumento ambiental en distintas categorías según su impacto:

• Construcción e infraestructura: edificios, urbanizaciones, carreteras, puentes y sistemas de alcantarillado.

• Minería y explotación de recursos naturales: minería metálica, no metálica, hidrocarburos y extracción de materiales.

• Industria manufacturera: fábricas, plantas de producción y procesamiento.

• Agropecuaria y ganadera: cultivos extensivos y explotaciones de gran escala.

• Salud: hospitales, clínicas y centros de salud, por la generación de desechos biomédicos.

• Comercio de sustancias peligrosas: gasolineras, talleres mecánicos, plantas de tratamiento.

• Hoteles y turismo: sobre todo en áreas con valor ecológico.

• Pesca y acuicultura: granjas piscícolas y pesca industrial.

• Generación de energía: hidroeléctricas, plantas solares y eólicas.

Por ley, iglesias, asociaciones religiosas e instituciones del Estado están exentas de pagar por el trámite, aunque deben cumplir con el proceso en casos de obras de infraestructura.

Impacto de la medida

Con la eliminación de la prórroga, el MARN busca reforzar la responsabilidad ambiental de las empresas y frenar la práctica de depender de plazos adicionales para cumplir con la ley.

Los analistas ambientales destacan que la medida puede tener un efecto positivo al reducir la discrecionalidad en la aplicación de sanciones y obligar a los proyectos a formalizar sus licencias sin excusas.

No obstante, también se advierte que la falta de incentivos diferenciados para pequeñas empresas podría aumentar el riesgo de informalidad en sectores que no representan un impacto ambiental significativo.

Próximos pasos

El acuerdo que oficializa la eliminación de la prórroga será publicado en los próximos días en el Diario de Centro América, confirmaron autoridades de la cartera.

Con ello, Guatemala refuerza la idea de que la protección ambiental no depende de plazos administrativos, sino de una obligación legal permanente que aplica a todas las actividades productivas.

La decisión del MARN de retirar el ultimátum para la presentación de licencias ambientales marca un cambio estructural en la política ambiental del país. A partir de ahora, todas las empresas deberán contar con su licencia sin esperar prórrogas y estarán sujetas a sanciones proporcionales a su nivel de impacto.

Este paso busca evitar la cultura del incumplimiento y fortalecer el compromiso del sector productivo con la protección del medio ambiente, al mismo tiempo que plantea retos para las pequeñas empresas que deberán adaptarse a la normativa sin caer en la informalidad.