MP decide no reunirse con misión de la OEA y cuestiona su imparcialidadLa Fiscalía rechaza participación en diálogos con observadores internacionales

El Ministerio Público, liderado por la fiscal general María Consuelo Porras, anunció oficialmente que no sostendrá reuniones con la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) que actualmente se encuentra en Guatemala.

A través de un comunicado, la institución afirmó que los informes elaborados por la OEA sobre el contexto político del país “no reflejan objetivamente la información brindada por el MP”, tildándolos de “tergiversados, sesgados y tendenciosos”.

¿Por qué está la OEA en Guatemala?

La misión de la OEA, integrada por especialistas internacionales, llegó al país el 9 de noviembre con el objetivo de observar el proceso de elección de autoridades clave como:

Corte Suprema de Justicia (CSJ)

Corte de Constitucionalidad (CC)

Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Contraloría General de Cuentas (CGC)

Ministerio Público (fiscal general)

Su visita responde al mandato de la resolución OEA/AG/RES.2766, que busca garantizar elecciones transparentes y fortalecer la institucionalidad democrática.

El gobierno sí abrió las puertas

A diferencia del MP, el presidente Bernardo Arévalo sí se reunió con los delegados de la OEA. Durante el encuentro, reafirmó su compromiso con la transparencia, el Estado de derecho y el acompañamiento internacional.

“El acompañamiento internacional es clave para que el país no retroceda. La democracia se defiende con hechos y verdad”, expresó Arévalo.

Asimismo, el Congreso, bajo la presidencia de Nery Ramos, también recibió a la misión para dialogar sobre los procesos de elección de magistrados y futuros mecanismos de control institucional.

¿Colaboración condicionada?

El Ministerio Público aseguró que continuará colaborando con organismos internacionales “siempre que exista objetividad y respeto mutuo”, en alusión directa a los desacuerdos con el contenido de los informes anteriores de la OEA.

Este distanciamiento ocurre en un momento clave para la democracia guatemalteca, donde se espera renovar instituciones fundamentales en los próximos meses.