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Presentan antejuicio contra el juez Fredy Orellana por parte de abogados querellantes

Presentan antejuicio contra el juez Fredy Orellana por parte de abogados querellantes

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Una nueva polémica sacude el ámbito judicial guatemalteco tras la presentación de una solicitud de antejuicio en contra del juez de Mayor Riesgo “B”, Fredy Orellana. La acción fue promovida por un grupo de abogados que lo acusan de prevaricato y abuso de autoridad, por haber ordenado el traslado del notario Eduardo Masaya desde la cárcel de Mariscal Zavala al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.

Este movimiento legal surge en el marco del caso conocido como Corrupción Semilla, en el que Masaya enfrenta proceso penal por el supuesto delito de falsedad ideológica, relacionado con documentos utilizados en la conformación del Partido Movimiento Semilla.

Solicitan antejuicio contra el juez Fredy Orellana por traslado de Eduardo Masaya a prisión de zona 18

Los abogados argumentan que el juez Orellana emitió resoluciones que contravienen el ordenamiento jurídico al ordenar, sin fundamentos sólidos, los traslados carcelarios de Masaya. En su criterio, estas decisiones no solo vulneran derechos fundamentales, sino que también podrían constituir delitos penales, por lo que consideran indispensable que se le retire la inmunidad para que sea investigado por el Ministerio Público.

Según la solicitud presentada en la unidad de Gestión Penal, el juez habría incurrido en el delito de prevaricato al dictar resoluciones contrarias a la ley, y en abuso de autoridad al utilizar su cargo para ejecutar traslados que, presuntamente, buscan presionar al acusado.

Los abogados que respaldan esta acción legal también mostraron su apoyo a Alejandro Xiloj, defensor de Eduardo Masaya y representante del grupo Transparencia y Cambio. Según declaraciones públicas, el equipo legal sostiene que los constantes cambios de prisión son parte de una estrategia para debilitar anímicamente a Masaya y forzarlo a aceptar cargos que rechaza categóricamente.

La implicación de Eduardo Masaya

Eduardo Masaya, notario de profesión, está vinculado al caso Corrupción Semilla, una investigación impulsada por el Ministerio Público en relación con las actas de adhesión utilizadas en el proceso de inscripción del comité pro formación del Partido Movimiento Semilla. Según la fiscalía, Masaya habría legalizado documentos que carecían de firmas, lo cual constituye una irregularidad legal que derivó en su captura y posterior vinculación a proceso penal.

Pese a las acusaciones, la defensa sostiene que Masaya actuó conforme a derecho, y que su función como notario fue limitada al reconocimiento formal de los documentos presentados por terceros, sin que él tuviera responsabilidad directa sobre su contenido final.

El traslado de Masaya al Preventivo para Hombres de la zona 18 ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y juristas independientes, quienes consideran que dicha cárcel no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad para resguardar a una persona sindicada, pero aún no condenada.

Además, diversos analistas advierten que esta prisión es conocida por estar sobrepoblada y por albergar a reos de alta peligrosidad, lo que incrementa los riesgos físicos y psicológicos para Masaya. Por ello, se interpreta que la decisión de enviarlo a ese centro penitenciario tiene un efecto coercitivo.

https://twitter.com/EmisorasUnidas/status/1925256173403406529

Hasta el momento, ni el juez Fredy Orellana ni la Corte Suprema de Justicia han emitido comentarios sobre la solicitud de antejuicio presentada en su contra. Tampoco se ha confirmado si la denuncia será trasladada al Congreso de la República, paso necesario para que proceda el retiro de inmunidad.

Por su parte, el Ministerio Público ha mantenido su posición en torno a la legalidad de las órdenes judiciales emitidas dentro del proceso, y ha reiterado que las acciones se realizan conforme a derecho. Sin embargo, la fiscalía no se ha pronunciado específicamente sobre la nueva acción legal contra el juez Orellana.

https://twitter.com/eP_investiga/status/1925262186215346212

La solicitud de antejuicio deberá ser evaluada inicialmente por la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que determinar si existen indicios suficientes para autorizar el inicio de una investigación formal. Si se decide dar trámite, el Congreso deberá conformar una comisión pesquisidora para analizar el caso y emitir una recomendación sobre si debe o no retirarse la inmunidad al juez.

Este proceso puede tomar semanas o incluso meses, dependiendo de la carga judicial y la voluntad política de los órganos implicados. Sin embargo, si se llegara a retirar la inmunidad, Fredy Orellana podría ser procesado penalmente por sus decisiones dentro del caso Corrupción Semilla, lo cual marcaría un precedente importante dentro del sistema de justicia guatemalteco.

La solicitud de antejuicio contra el juez Fredy Orellana pone nuevamente bajo escrutinio el papel de la judicatura en los casos de alto perfil político. Para muchos, este episodio refleja las tensiones que existen entre los poderes del Estado, la independencia judicial y el respeto a los derechos fundamentales de los acusados.

En un momento en que Guatemala busca fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones, acciones como esta generan debate sobre la transparencia, la legalidad de los procesos judiciales y la necesidad de un sistema penal equilibrado y justo. Mientras tanto, el caso de Eduardo Masaya continúa avanzando en los tribunales, con el país observando de cerca cada paso legal que se toma.

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