Propuesta de enviar reos al CECOT reabre debate por costos, legalidad y control penitenciario

Qué planteó José Chic y qué está confirmado

El diputado José Chic (bloque VOS) planteó que Guatemala explore un convenio con El Salvador para trasladar privados de libertad de alta peligrosidad al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). En versiones difundidas en medios y redes, Chic atribuyó a esa opción un costo estimado de US$40 diarios por persona, como argumento para sostener que sería “más barato” que mantenerlos en el país.

El punto clave es que, más allá del debate político, un traslado de reos a otro país no ocurre por decisión unilateral ni por comparación de costos. Requeriría acuerdos formales entre Estados, definición de responsabilidades de custodia y control judicial, además de compatibilidad con el marco legal guatemalteco.

La comparación de infraestructura: Guatemala versus CECOT

En Guatemala, el Ejecutivo y el Sistema Penitenciario han impulsado nuevos centros de máxima seguridad. En ese contexto, se ha reportado un proyecto con presupuesto de Q1,400 millones para una cárcel con capacidad de 2,000 privados de libertad, con construcción a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y equipamiento a cargo del Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario.

En El Salvador, se ha reportado que el CECOT costó al menos US$115 millones (construcción y equipamiento) y fue diseñado para 40,000 reclusos, según reportes citados en medios salvadoreños y otras publicaciones.

Con esos números, la comparación “por plaza” deja una brecha marcada, aunque no sustituye un análisis completo de operación y mantenimiento:

• Guatemala: Q1,400 millones / 2,000 plazas = Q700,000 por plaza (aprox. US$91,288 si se usa el tipo de cambio de referencia Q7.66802 por US$1).

• CECOT: US$115 millones / 40,000 plazas = US$2,875 por plaza.

La diferencia estimada es de alrededor de 32 veces más por plaza en el caso guatemalteco, bajo ese ejercicio de división simple.

El límite político: “resolverlo afuera” versus resolverlo aquí

En medio de la discusión sobre crisis penitenciaria, autoridades de Gobierno han sostenido públicamente que no existe un ofrecimiento formal de otro país para trasladar a un cabecilla al extranjero y que el problema debe resolverse internamente, en referencia al manejo de estos casos.

Ese antecedente coloca un filtro práctico a cualquier “plan CECOT”: incluso si la idea genera titulares, el paso a una política pública exige acuerdos bilaterales, reglas claras de jurisdicción y garantías de supervisión.

¿Debería Guatemala priorizar un convenio internacional para encerrar a reos de alta peligrosidad, o concentrarse en construir y depurar un sistema penitenciario propio antes de buscar soluciones fuera del país?