Samuel Pérez Critica al CACIF por Acción contra el Presupuesto 2025
El Presupuesto General de la Nación para el 2025 enfrenta una ola de acciones legales que podrían afectar seriamente los planes del segundo año de gobierno de Bernardo Arévalo. En este contexto, Samuel Pérez, líder de los diputados oficialistas, ha alzado la voz contra el CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), cuestionando su papel en este conflicto.
La Acción del CACIF y su Impacto en el Presupuesto
El pasado 6 de enero, el CACIF presentó una acción de inconstitucionalidad parcial contra el Presupuesto 2025, valorado en más de Q148,526 millones, con la posibilidad de ampliarse hasta superar los Q157 mil millones debido a medidas adicionales del Ministerio de Finanzas.
Entre los puntos que el CACIF busca eliminar están:
- Un incremento de Q2 mil millones provenientes de donaciones, créditos en ejecución, extinción de dominio y bonos de carbono.
- El aumento de Q3,200 millones en ingresos para los consejos departamentales de desarrollo.
- Recursos adicionales para financiar las clases pasivas del Estado.
Según el CACIF, estas disposiciones podrían violar el ordenamiento jurídico guatemalteco, motivo por el cual han solicitado la intervención de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Samuel Pérez Responde a las Acciones del CACIF
El diputado Samuel Pérez criticó duramente la postura del CACIF, argumentando que el sector empresarial no tomó medidas similares durante las administraciones de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Según Pérez, en esos periodos se aprobaron presupuestos destinados a corrupción sin que el CACIF actuara de manera enérgica.
En sus declaraciones, Pérez expresó: “Ahora que se aprueba un presupuesto sin corrupción, pero sin negocios, deciden presentar inconstitucionalidad”. Estas palabras reflejan su desacuerdo con lo que considera un doble estándar por parte del sector empresarial.
Contexto Histórico de las Críticas al Presupuesto
El debate sobre el Presupuesto 2025 no es un hecho aislado. Desde su aprobación en la madrugada del 27 de noviembre, el plan de gastos ha enfrentado cuestionamientos. Además del CACIF, figuras como el diputado Bequer Chocooj, del bloque Cabal, y el abogado Miguel Balsells han presentado acciones legales argumentando irregularidades en el techo de gastos.
El Presupuesto incluye incrementos significativos en áreas clave, como el desarrollo departamental y las clases pasivas del Estado. Sin embargo, para sectores como el CACIF, estas medidas son vistas como problemáticas debido a su impacto en el equilibrio fiscal.
La Corte de Constitucionalidad Tiene la Última Palabra
Actualmente, la Corte de Constitucionalidad (CC) es la instancia encargada de decidir el futuro del Presupuesto 2025. Los magistrados deberán analizar los argumentos presentados por todas las partes antes de emitir un fallo definitivo.
Mientras tanto, el Gobierno ha comenzado a ejecutar el Presupuesto, cuya distribución analítica fue oficializada el 2 de enero. Esto permite al Ejecutivo continuar con sus planes, aunque bajo la sombra de la incertidumbre legal.
Implicaciones para el Segundo Año de Gobierno de Arévalo
La estabilidad del Presupuesto es crucial para el segundo año de gobierno de Bernardo Arévalo. La ejecución de proyectos de desarrollo, infraestructura y programas sociales depende en gran medida de la disponibilidad de recursos aprobados.
De ser modificado o anulado, las metas gubernamentales podrían enfrentarse a retrasos significativos, lo que generaría tensiones adicionales entre el Ejecutivo, el Legislativo y los sectores empresariales.
¿Un Presupuesto para el Pueblo o para los Intereses?
El debate en torno al Presupuesto 2025 plantea una pregunta clave: ¿Quién se beneficia realmente de las decisiones presupuestarias? Para Samuel Pérez, el plan actual representa un esfuerzo por destinar los recursos a sectores tradicionalmente desatendidos, alejándose de prácticas corruptas.
Por otro lado, el CACIF argumenta que algunas disposiciones del Presupuesto podrían ser perjudiciales para la economía y el marco jurídico del país, lo que justificaría su acción legal.
El desenlace de esta disputa legal será determinante para el rumbo político y económico de Guatemala en 2025. Con el Gobierno defendiendo un presupuesto que considera justo y el CACIF buscando proteger lo que perciben como principios legales y económicos, la Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos una decisión trascendental.
La resolución no solo definirá la ejecución de los planes gubernamentales, sino que también enviará un mensaje sobre el equilibrio de poderes y los intereses que prevalecen en la política guatemalteca.
