Hombre vinculado a amenazas contra presidenta de la CSJ enfrenta audiencia reservada

Amílcar Manfredo de León Ramírez llegó este viernes 8 de mayo de 2026 al Juzgado Segundo Pluripersonal de Instancia Penal, vestido con traje formal y escoltado por agentes de seguridad, para enfrentar una audiencia de primera declaración que se desarrolló completamente a puerta cerrada. El joven es señalado como el principal responsable de proferir amenazas contra Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala.

El detenido fue capturado en el municipio de Malacatán, departamento de San Marcos, durante operativos de allanamiento ejecutados por el Ministerio Público (MP) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Desde ese momento, el caso ha permanecido bajo reserva, lo que ha limitado la información disponible sobre los hechos específicos que se le imputan.

#AHORA Juzgado Segundo Penal tiene previsto desarrollar la audiencia de primera declaración de Amílcar De León, vinculado a una página de redes sociales, quien fue capturado hace dos semanas, sindicado del delito de conspiración para el terrorismo. De momento se desconocen los pic.twitter.com/11Kt4TQQbS

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 8, 2026

El delito que se investiga: conspiración para el terrorismo

La autoridad fiscal informó a De León Ramírez que la acusación en su contra está tipificada como conspiración para el terrorismo, un delito grave que justificó que la audiencia se realizara sin acceso para la prensa ni el público en general. Este estatus de reserva ha generado expectativa sobre los detalles que podrían revelarse una vez avance el proceso.

Previo a ingresar a la sala, el sindicado ofreció declaraciones breves a los medios de comunicación. Explicó que las autoridades únicamente le notificaron que sería detenido y le mencionaron de forma sucinta la naturaleza del caso, sin profundizar en los hechos por el carácter reservado de la investigación.

Declaraciones del señalado antes de ingresar a la sala

Con aparente tranquilidad, De León Ramírez relató que la fiscal solo le indicó que lo iban a detener y que el caso estaba bajo reserva, por lo que no le proporcionaron mayores detalles. Pese a la gravedad de los cargos, mantuvo una actitud calmada mientras respondía a los cuestionamientos de los periodistas en el área de espera.

"La fiscal solo me indicó que me iban a detener y solo hizo mención breve que era un caso bajo reserva", relató el señalado.

La captura se produjo hace aproximadamente dos semanas y está vinculada a una página de redes sociales, según información preliminar. De momento, las autoridades no han revelado el contenido específico de las presuntas amenazas ni el alcance de la conspiración que se le atribuye.

¿Qué se espera tras la diligencia judicial?

Una vez concluida la audiencia de primera declaración, el juzgado deberá determinar si Amílcar Manfredo de León Ramírez es ligado a proceso penal o si se le decreta prisión preventiva mientras avanza la investigación. La decisión dependerá de los argumentos presentados por la fiscalía y la defensa durante la diligencia.

Este caso ha llamado la atención por la relevancia de la víctima —la máxima autoridad del Organismo Judicial— y por la naturaleza del delito que se investiga. La CSJ, bajo la presidencia de Claudia Paredes, ha enfrentado en los últimos meses un contexto de alta tensión política e institucional en Guatemala.

Contexto: tensiones en torno a la CSJ y el sistema judicial

La investigación contra De León Ramírez se da en un momento delicado para el poder judicial guatemalteco. Recientemente, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una resolución relacionada con años de servicio en la carrera judicial que generó rechazo entre diversos sectores. Además, el Ministerio Público ha intensificado sus operativos contra figuras vinculadas a casos de alto perfil.

La protección de las autoridades judiciales se ha convertido en una prioridad para las fuerzas de seguridad, especialmente ante el aumento de amenazas y hostigamientos digitales contra funcionarios del Estado. Este caso podría sentar un precedente sobre cómo se procesan delitos de conspiración terrorista cuando las víctimas son altos magistrados.