Torre millonaria del MP genera controversia por su alto costo

El Ministerio Público construirá un edificio de más de Q300 millones con fondos del BCIE, mientras persisten dudas sobre sus prioridades

El Ministerio Público (MP), bajo la gestión de la fiscal general Consuelo Porras, confirmó la construcción de la Torre III, una nueva sede institucional que costará Q303.66 millones y será financiada mediante un crédito otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El proyecto, adjudicado a la empresa Constructora R y P Limitada, contempla la edificación de 12 niveles, tres sótanos, jardines, comedor con terraza, auditorio y hasta una capilla. También incluirá un pasadizo privado exclusivo para el fiscal general, que lo conectará directamente a las otras dos torres del complejo.

Contrato adjudicado y antecedentes del proveedor

Según los datos del portal de Guatecompras, Constructora R y P Limitada es la misma empresa responsable de la construcción del hospital de Sololá. Con este nuevo contrato, la compañía obtiene su adjudicación más grande desde 2005, superando en valor al 41% de todos los proyectos que ha ejecutado en el país.

El contrato fue firmado el 30 de octubre de 2024 y establece un plazo de 18 meses para la finalización de la obra.

Porras defiende el proyecto como “legado institucional”

Durante el acto de colocación de la primera piedra, Consuelo Porras calificó la torre como “un legado de solidez, determinación y visión de futuro”, afirmando que se trata de una inversión necesaria para modernizar la infraestructura del MP.

No obstante, voces críticas cuestionan si el monto millonario responde a una necesidad institucional o si refleja prioridades desconectadas de la realidad del sistema de justicia, que enfrenta problemas estructurales como mora judicial, baja cobertura en áreas rurales y falta de recursos para fiscales de base.

Ciudadanía cuestiona la necesidad del gasto

Sectores ciudadanos, académicos y organizaciones sociales han señalado que la construcción de un edificio de lujo, en un contexto de alta pobreza y limitada inversión en servicios esenciales, envía un mensaje contradictorio.

“Es un proyecto que claramente busca centralizar poder en torno a la fiscal general, no fortalecer el acceso a la justicia”, expresó en redes el abogado constitucionalista Saúl Uribe.

En contraste, el Ministerio Público ha insistido en que la nueva torre permitirá unificar servicios y mejorar la atención al público en la zona central del país.

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