Arévalo Convoca de Urgencia a la Fiscal General Consuelo Porras en Medio de una Crisis Judicial
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha anunciado una cita urgente a la fiscal general Consuelo Porras para abordar las acciones recientes del Ministerio Público (MP), que considera ilegítimas y arbitrarias. Este llamado se produce tras el allanamiento de una propiedad vinculada al exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, acción que ha desatado una nueva ola de tensiones entre el Ejecutivo y el sistema judicial del país.
La posición del presidente ante los allanamientos
Arévalo expresó su rechazo total al allanamiento realizado por el MP, calificándolo como una «acción espuria» y una muestra de que la justicia en Guatemala atraviesa una crisis profunda. Según el mandatario, el Ministerio Público ha estado ejecutando órdenes que violan la Constitución y afectan la transparencia en el sistema judicial.
«Nuestro gobierno no permitirá que la fuerza pública acate órdenes ilegales provenientes de un Ministerio Público criminalizador y arbitrario,» afirmó Arévalo.
Asimismo, aseguró que se implementarán procedimientos para verificar que toda orden judicial se ejecute en apego a la ley y a los principios constitucionales.
Félix Alvarado, en el centro del conflicto
El allanamiento, que tuvo lugar el domingo, se llevó a cabo en una propiedad asociada con Félix Alvarado, exministro de Comunicaciones. Durante la intervención, agentes del MP confiscaron su pasaporte, lo que ha sido interpretado por el presidente como una medida injustificada y parte de un patrón de acciones ilegales.
Arévalo destacó el servicio honesto y transparente de Alvarado, expresando su rechazo a la intervención:
«Nuestro gobierno agradece al exministro por su servicio honrado y transparente. Este tipo de acciones solo buscan socavar el estado de derecho.»
Una crisis de confianza en las instituciones judiciales
El mandatario también se refirió a otros casos que, según él, evidencian una crisis judicial, incluyendo el testimonio de la exdirectora del Instituto de la Víctima, quien habría admitido su participación en delitos bajo coacción.
«La justicia de Guatemala está en crisis. Hoy somos testigos de cómo las instituciones encargadas de velar por la legalidad están siendo utilizadas para perseguir y silenciar,» declaró.
Además, el presidente subrayó su compromiso de proteger la libertad de expresión, en particular la de los periodistas, quienes, según él, han sido víctimas de acciones para limitar su trabajo crítico.
El papel de la fiscal general Consuelo Porras
La convocatoria de Arévalo a Consuelo Porras es un intento por obtener explicaciones claras sobre la participación del MP en lo que el presidente describe como una serie de acciones destinadas a criminalizar y reprimir.
Entre los temas que Arévalo espera abordar con Porras se incluyen:
- La legalidad de las órdenes ejecutadas por el MP.
- El impacto de estas acciones en la libertad de prensa.
- El uso de la fuerza pública en procedimientos judiciales controvertidos.
El presidente también ha señalado que tomará medidas adicionales para garantizar que ninguna acción de la fuerza pública se lleve a cabo sin el debido respaldo legal.
Hasta el momento, el MP no ha emitido un comunicado oficial en respuesta a las declaraciones de Arévalo ni sobre la convocatoria de urgencia a la fiscal general, la institución ha defendido en el pasado que sus acciones se llevan a cabo dentro del marco de la ley, lo que anticipa una posible confrontación institucional.
En sus declaraciones, Arévalo hizo hincapié en la necesidad de proteger los pilares de la democracia en Guatemala, incluyendo la independencia judicial y la libertad de expresión.
«No permitiremos que se utilicen las instituciones del Estado para reprimir y silenciar. Implementaremos medidas firmes para salvaguardar la justicia y los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos,» concluyó el mandatario.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Ministerio Público refleja una creciente crisis en el sistema de justicia de Guatemala. Las acciones recientes, sumadas a las declaraciones de Arévalo, han puesto de manifiesto una falta de confianza en las instituciones judiciales y su rol en la protección de los derechos ciudadanos.
En los próximos días, la reunión entre el presidente y la fiscal general será clave para determinar el rumbo de este conflicto y el impacto que tendrá en la estabilidad política y social del país. Mientras tanto, la ciudadanía permanece a la expectativa, en un momento crítico para la democracia guatemalteca.
