Zamora advierte nueva orden de captura: el MP busca criminalizar el periodismo

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora alertó este lunes sobre una posible nueva orden de captura que el Ministerio Público (MP) estaría gestionando en su contra. La medida, según sus propias palabras, se originaría en publicaciones periodísticas realizadas en 2021 en torno al caso conocido como "la alfombra mágica", una investigación que vinculaba al entonces presidente Alejandro Giammattei con supuestos sobornos.

Zamora calificó la acción del ente fiscal como una "criminalización contra el ejercicio del periodismo" y sostuvo que los delitos señalados no son aplicables a la labor informativa. La denuncia del comunicador reaviva el debate sobre la libertad de expresión en Guatemala y el uso del derecho penal para limitar el trabajo de la prensa.

El caso "alfombra mágica" que remece la política guatemalteca

La historia que ahora pone en jaque al periodista comenzó a tomar forma en junio de 2021, cuando el diario The New York Times publicó una investigación basada en el testimonio de un informante que acudió al entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.

Según el relato publicado por el medio estadounidense, el testigo afirmó haber entregado en la residencia del expresidente Giammattei una "alfombra enrollada llena de dinero". La supuesta entrega estaría vinculada a negocios relacionados con una empresa portuaria en territorio guatemalteco, lo que activó las alarmas sobre posibles actos de corrupción en la administración del mandatario.

El Gobierno de entonces rechazó rotundamente los señalamientos y argumentó que la única información disponible eran las declaraciones que el exfiscal Sandoval había brindado a medios de comunicación, pero "sin evidencia" que sustentara las acusaciones. No obstante, con el paso de los meses y ante la creciente atención nacional e internacional, el Ministerio Público anunció que iniciaría una investigación formal sobre el caso.

Zamora denuncia ante tribunales la persecución al periodismo

Desde las instalaciones judiciales, Zamora fue enfático al calificar el proceso en su contra. "Este caso fue fabricado de una manera tan ridícula que, en cuanto hagamos la presentación, seguramente se va a desmoronar", expresó el periodista tras conocer la información sobre la supuesta nueva orden de captura.

El comunicador también llamó la atención sobre las inconsistencias en la narrativa oficial. Según su versión, inicialmente se intentó vincular el caso con la adquisición de vacunas Sputnik V durante la pandemia, pero posteriormente la línea investigativa cambió para apuntar hacia un supuesto proyecto portuario. "Llamaba la atención que se había variado la información", señaló Zamora.

En sus declaraciones, el periodista enfatizó que la utilización del derecho penal para perseguir a comunicadores o criminalizar publicaciones constituye una medida desproporcionada e incompatible con los estándares democráticos y con la jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión.

El Ministerio Público y las contradicciones en la investigación

El comportamiento del Ministerio Público frente al caso ha generado interrogantes. En una primera etapa, la institución se limitó a indicar que no contaba con información sobre el tema porque el exfiscal Sandoval no había notificado formalmente acerca de esos indicios y tampoco existía documentación relacionada en sus archivos.

Sin embargo, a medida que la noticia cobraba relevancia en los titulares nacionales y del extranjero, la postura del ente fiscal cambió y anunció la apertura de una investigación. Este giro ha sido cuestionado por diversos sectores, que ven en el caso una posible instrumentalización de la justicia con fines políticos.

Para Zamora, la nueva orden de captura que se gestionaría en su contra no es más que una extensión de esa misma estrategia: usar el aparato judicial para silenciar voces críticas y desalentar la labor periodística en un contexto donde la prensa independiente ya enfrenta múltiples obstáculos institucionales.

¿Qué implica la criminalización del periodismo para Guatemala?

La situación de José Rubén Zamora no es un hecho aislado. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han documentado un patrón creciente de judicialización contra periodistas, activistas y opositores en Guatemala. El uso de figuras penales como asociación ilícita, lavado de dinero y ahora supuestos delitos vinculados a publicaciones informativas, ha generado alertas tanto a nivel nacional como internacional.

El caso "alfombra mágica" ilustra cómo una investigación periodística que busca transparentar posibles actos de corrupción en la más alta esfera del poder puede terminar convertida en un instrumento de persecución contra quienes la dieron a conocer. Zamora, quien ya ha enfrentado procesos judiciales anteriores, advierte que esta nueva acción del MP busca amedrentar no solo a él, sino a toda la profesión.

La utilización del derecho penal para perseguir periodistas o criminalizar publicaciones constituye una medida desproporcionada e incompatible con los estándares democráticos y con la jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión. Por ello, rechazo

— #ZamoraLibre #FreeJRZ (@ChepeZamora) Mayo 11, 2026

La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos mantienen la mirada puesta en Guatemala. La resolución de este caso podría marcar un precedente significativo sobre el límite entre la justicia penal y la libertad de expresión en la región centroamericana.