Limitadores de velocidad en Guatemala: una obligación pendiente de cumplir
En Guatemala, la seguridad vial sigue siendo un tema de gran preocupación debido al alto índice de accidentes de tránsito. En 2016, el Congreso de la República aprobó una ley que obliga a los transportistas de carga pesada y autobuses de pasajeros a instalar limitadores de velocidad para evitar que estos vehículos superen los 80 kilómetros por hora. Sin embargo, a pesar de la reglamentación establecida en 2019, el cumplimiento de esta normativa es alarmantemente bajo.
Según datos de la Dirección General de Seguridad y Protección Vial (Provial), solo 358 autobuses de los más de 123,000 que circulan en el país han cumplido con la instalación del dispositivo. Esto representa un cumplimiento de apenas el 0.29%, una cifra que pone en evidencia la falta de supervisión y la resistencia del sector transporte a acatar la normativa.
Avances lentos en la implementación de los limitadores
Durante una reunión en el Congreso convocada por el diputado César Amézquita, Manuel de Jesús Adriano, representante de Provial, expuso que de las 113 empresas de transporte pesado y colectivo registradas, muchas han manifestado su disposición a instalar los limitadores de velocidad. Sin embargo, en el último año solo se emitieron 13 constancias por la colocación de estos dispositivos en igual número de vehículos, lo que evidencia la lentitud en la adopción de la norma.
En el sector del transporte de carga, la situación es similar. Desde 2019, un total de 8,523 cabezales, tráileres y otros vehículos pesados han instalado limitadores de velocidad. No obstante, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) registra más de 238,120 unidades en este sector, lo que implica que el cumplimiento apenas alcanza el 3.01%.
El alto costo, principal obstáculo para la implementación
Uno de los principales argumentos que han presentado los transportistas para no cumplir con la normativa es el alto costo de instalación de los limitadores de velocidad. Desde el inicio de las discusiones en el Congreso, el gremio ha mostrado resistencia, alegando que esta medida representa una carga económica adicional que muchos no pueden solventar.
Para evitar que el costo sea trasladado a los pasajeros, la ley y su reglamento prohíben expresamente que los empresarios incrementen las tarifas del servicio de transporte debido a la implementación de estos dispositivos. Aun así, algunos transportistas han señalado que muchos de sus vehículos no están diseñados para incorporar estos mecanismos, lo que incrementaría aún más los costos de adaptación.
Reformas en camino y mayores controles en carreteras
Ante la falta de cumplimiento, el Gobierno de Guatemala ha comenzado a trabajar en nuevas reformas que permitan hacer efectiva la normativa vigente. Fernando Suriano, viceministro de Comunicaciones, indicó que se están elaborando modificaciones a un acuerdo gubernativo de 1996, mientras que el Ministerio de Gobernación trabaja en una nueva normativa enfocada en fortalecer la seguridad vial.
Mientras se concretan estos cambios, las autoridades han reforzado los controles en las carreteras del país. La Dirección General de Transportes ha intensificado las verificaciones de documentos, especialmente de las licencias de los conductores, para asegurarse de que cuenten con la capacitación necesaria para operar vehículos de carga pesada y autobuses de pasajeros.
Transporte extraurbano exige actualización de leyes
Carlos Vides, dirigente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), participó en la citación con el Congreso y reiteró la postura del sector en relación con la necesidad de actualizar la legislación vigente. Según Vides, la normativa actual debe ajustarse a la realidad del país y abarcar todas las modalidades de transporte, incluyendo autobuses de turismo, escolares e incluso tuc tucs, que también movilizan personas diariamente.
El empresario destacó que los transportistas están dispuestos a mejorar las condiciones del servicio, pero para ello es necesario contar con regulaciones más claras y mecanismos de financiamiento que faciliten la implementación de medidas de seguridad como los limitadores de velocidad. Además, hizo énfasis en la urgencia de diseñar políticas públicas que contribuyan a la modernización del transporte en Guatemala.
La seguridad vial, una tarea pendiente
El incumplimiento de la normativa sobre limitadores de velocidad es solo un reflejo de los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad vial. Cada año, cientos de accidentes de tránsito involucran autobuses y camiones de carga pesada, muchos de los cuales podrían prevenirse con la correcta implementación de estas regulaciones.
El reciente accidente en la calzada La Paz, que dejó un saldo trágico, ha puesto en evidencia la necesidad de acelerar la aplicación de esta ley y reforzar los controles en carreteras. Como bien lo mencionó Carlos Vides.
«desafortunadamente, estas personas que perdieron la vida van a colaborar para que realmente el transporte dé un giro y llegue al nivel que nosotros, como transportistas, deseamos«.
La ley que obliga a la instalación de limitadores de velocidad en el transporte de carga y pasajeros fue creada con el objetivo de salvar vidas y reducir la siniestralidad en las carreteras guatemaltecas. Sin embargo, la falta de compromiso por parte de los transportistas y la escasa supervisión de las autoridades han convertido esta normativa en una obligación pendiente de cumplir.
Es crucial que el Gobierno tome medidas más estrictas para garantizar la instalación de estos dispositivos en todas las unidades de transporte colectivo y de carga. Asimismo, es fundamental que el sector transporte colabore con las autoridades y busque soluciones viables para implementar esta normativa sin que represente una carga excesiva para los empresarios.
La seguridad vial no es un lujo, sino una necesidad urgente que debe ser atendida con responsabilidad y compromiso. La implementación de los limitadores de velocidad es solo un paso hacia un sistema de transporte más seguro y eficiente en Guatemala.
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