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Diputado José Chic denuncia presunta persecución del Ministerio Público contra la magistrada Astrid Lemus

Diputado José Chic denuncia presunta persecución del Ministerio Público contra la magistrada Astrid Lemus

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El diputado José Chic denunció públicamente este domingo 19 de abril de 2026 lo que considera una posible persecución política por parte del Ministerio Público (MP) en contra de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Astrid Jeannette Lemus Rodríguez.

Denuncia del diputado José Chic genera controversia en Guatemala

Según el legislador, existiría un memorándum emitido por una fiscalía que estaría solicitando información detallada sobre la funcionaria, lo que a su criterio representa un intento de presión institucional.

Señalamientos contra el Ministerio Público

El congresista afirmó que el ente investigador estaría siendo utilizado para fines políticos, específicamente para influir en la conformación de la Corte de Constitucionalidad.

Chic señaló directamente al fiscal Saúl Sánchez, a quien acusó de actuar con fines ajenos a la legalidad institucional.

“Ya no disimula y está haciendo el trabajo sucio para proteger el fraude de Walter Mazariegos”, expresó el diputado en sus redes sociales.

Estas declaraciones han generado reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos del país.

El documento señalado por el diputado

El diputado Chic difundió un documento que, según él, respalda sus señalamientos. El memorándum habría sido emitido el 18 de abril de 2026 por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación.

Solicitud de información oficial

El documento está dirigido a la presidenta de la CC, Annabella Morfin, y solicita la entrega de información certificada sobre la magistrada Astrid Lemus.

Entre los datos requeridos se encuentran:

    • Acta o resolución de toma de posesión
  • Acuerdo de nombramiento como magistrada titular
  • Documento de acreditación oficial en la CC

Solicitud incluye datos personales sensibles

El memorándum también hace referencia a información personal de la magistrada, incluyendo:

Información requerida por el MP

    • Número de Documento Personal de Identificación (DPI)
  • Fecha de nacimiento
  • Lugar de nacimiento
  • Otros datos personales sensibles

Este aspecto ha generado preocupación en sectores que advierten sobre la protección de datos personales y la independencia judicial.

Dirección de entrega y carácter “urgente” del requerimiento

El documento establece que la información solicitada debe ser enviada a una dirección específica ubicada en la Tercera Calle Poniente, Lote 32, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, antes del 20 de abril de 2026.

Además, el requerimiento fue clasificado como “urgente”, lo que ha incrementado el debate sobre la rapidez y el contexto de la solicitud.

Reacciones políticas y debate institucional

El diputado José Chic aseguró que estas acciones forman parte de un intento por debilitar la independencia del sistema de justicia y afectar la integración de la Corte de Constitucionalidad.

En sus declaraciones públicas, afirmó:

“La defensa de las instituciones y el respeto a la independencia de los magistrados son pilares fundamentales del Estado de Derecho”

Asimismo, añadió que la vigilancia ciudadana es clave para evitar presiones políticas dentro de los procesos judiciales.

Contexto político y tensiones en la CC

Este nuevo señalamiento se produce en un contexto de alta tensión política en Guatemala, especialmente en torno a la conformación de la Corte de Constitucionalidad, un órgano clave en la interpretación de la Constitución.

Analistas señalan que este tipo de denuncias reflejan la creciente polarización entre sectores políticos y judiciales, en medio de cuestionamientos sobre la independencia institucional.

Debate abierto sobre independencia judicial en Guatemala

El caso de la magistrada Astrid Lemus ha reavivado el debate sobre la relación entre el Ministerio Público, el poder político y la justicia constitucional en Guatemala.

Mientras algunos sectores respaldan la denuncia del diputado Chic, otros consideran que se trata de un procedimiento administrativo normal dentro de las funciones del ente investigador.

La denuncia presentada por el diputado José Chic coloca nuevamente en el centro del debate la independencia del sistema judicial en Guatemala y el rol del Ministerio Público en procesos de alto impacto político.

El caso continúa generando discusión pública, mientras se espera una posible respuesta oficial del MP o de la Corte de Constitucionalidad respecto a las acciones señaladas.

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