El Organismo Ejecutivo de Guatemala firmó recientemente una iniciativa de ley destinada a la creación de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia, un organismo que tendrá como eje central la prevención de la corrupción y la promoción de prácticas de transparencia en el ámbito gubernamental. Esta propuesta representa un esfuerzo por reformar la estructura legal existente dentro del Ejecutivo, con el objetivo de sustituir a la Comisión Nacional Contra la Corrupción, considerada hasta ahora como el principal mecanismo de control en la materia.
Organismo Ejecutivo impulsa creación de Secretaría de Integridad Pública para fortalecer lucha anticorrupción
La iniciativa, que será presentada ante el Congreso de la República, busca establecer un órgano con un enfoque más estratégico y doctrinario, orientado a la implementación de políticas de integridad pública, diseño de estrategias de largo plazo y formación de personal técnico especializado.
Objetivos de la Secretaría de Integridad Pública
Según declaraciones del presidente Bernardo Arévalo, la nueva secretaría permitirá al gobierno rendir cuentas de manera más eficiente, así como implementar estrategias sostenibles en la lucha contra la corrupción.
“Esta secretaría será un pilar en la prevención de prácticas indebidas, brindando herramientas legales y técnicas para promover la integridad dentro de las instituciones del Ejecutivo”, afirmó Arévalo.
El comisionado Julio Flores, uno de los responsables del diseño de la propuesta, explicó que el enfoque principal será preventivo, legislativo y doctrinario, sin facultades de investigación penal ni administrativa. Esto implica que la secretaría trabajará en la formulación de políticas, capacitación de personal y asesoramiento legislativo, dejando la función investigativa a otras entidades competentes, como el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas.
Reforma legal y sustitución de la Comisión Nacional Contra la Corrupción
La creación de la Secretaría de Integridad Pública implicará una reforma a la ley del Organismo Ejecutivo, permitiendo que esta nueva institución reemplace gradualmente a la Comisión Nacional Contra la Corrupción.
La comisión, aunque ha desempeñado un papel importante en los últimos años, ha sido criticada por limitaciones en su capacidad de coordinación interinstitucional y en la ejecución de estrategias preventivas de largo plazo. Con la nueva secretaría, el gobierno busca centralizar los esfuerzos en integridad pública y fortalecer la cultura de transparencia dentro del Ejecutivo.
El enfoque preventivo significa que la secretaría tendrá la tarea de diseñar programas de formación y concientización para funcionarios, evaluar los riesgos de corrupción en los procesos administrativos y promover reformas legales que garanticen mayor control sobre el uso de recursos públicos.
Funciones clave y alcance de la Secretaría
Entre las funciones principales de la Secretaría de Integridad Pública se destacan:
- Elaboración de estrategias a largo plazo para promover la integridad y la ética pública.
- Capacitación y formación de personal técnico dentro del Organismo Ejecutivo.
- Asesoramiento doctrinario y legislativo, colaborando con el Congreso en la creación de leyes anticorrupción.
- Evaluación de políticas y programas existentes, identificando áreas de riesgo y proponiendo mejoras.
- Rendición de cuentas periódica al presidente y a la ciudadanía sobre las acciones implementadas.
Flores enfatizó que la secretaría no investigará casos específicos de corrupción, sino que será un órgano de prevención y planificación que apoyará la gobernanza ética dentro del Ejecutivo.
Importancia de la iniciativa en el contexto nacional
La firma de esta iniciativa de ley se da en un contexto donde la lucha contra la corrupción en Guatemala sigue siendo un tema prioritario para la ciudadanía y los organismos internacionales. La transparencia y la integridad pública son fundamentales para asegurar la confianza en las instituciones, fomentar la inversión y garantizar la eficiencia en el uso de recursos estatales.
Expertos en políticas públicas coinciden en que la creación de una secretaría especializada en integridad pública permitirá consolidar esfuerzos y generar un impacto más sostenido en la cultura institucional. Esto incluye mejorar la prevención de actos corruptos, fortalecer la capacitación de funcionarios y promover reformas legales basadas en evidencia y buenas prácticas internacionales.
Coordinación interinstitucional
Aunque la Secretaría de Integridad Pública dependerá directamente de la Presidencia, se prevé que trabaje coordinadamente con otras instituciones del Estado, como la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, el Organismo Judicial y el Congreso de la República.
Este esquema de colaboración busca optimizar recursos y evitar duplicidad de funciones, enfocándose en la prevención y en la creación de un marco normativo sólido que respalde las acciones de integridad en el Ejecutivo.
Proceso legislativo y próximos pasos
La iniciativa ya fue firmada por el Organismo Ejecutivo y será entregada al Congreso de la República, donde será discutida y sometida a aprobación. Una vez aprobada, la Secretaría de Integridad Pública comenzará a estructurarse, designando a su personal técnico y elaborando un plan operativo que incluirá programas de capacitación, auditorías preventivas y propuestas de reformas legales.
El presidente Arévalo aseguró que la secretaría será una herramienta clave para transformar la gestión pública y consolidar una administración más ética y transparente. Por su parte, el comisionado Flores reiteró que se priorizará la prevención y la estrategia de largo plazo, dejando la investigación de casos a las entidades competentes.
