La Alianza de Allan Rodríguez para las elecciones del Congreso de Guatemala en 2026

La política guatemalteca atraviesa un nuevo reacomodo de fuerzas tras la aprobación del Decreto 7-2025, mejor conocido como la nueva ley de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). La medida, aprobada el pasado martes 2 de septiembre, evidenció la fuerza de la alianza Aguirre–Rodríguez, un bloque opositor que empieza a perfilarse como dominante en el Congreso de la República y que, según analistas, apunta a convertirse en protagonista de cara al cambio de directiva legislativa y las elecciones generales de 2026.

Alianza Aguirre Rodríguez se consolida como fuerza dominante en el Congreso de Guatemala rumbo al 2026

El nuevo decreto fue aprobado con 108 votos a favor, una cifra que sorprendió incluso a los sectores más escépticos. Lo más llamativo fue que, entre los diputados que respaldaron la ley, se encontraban figuras que hasta hace poco se consideraban cercanas al oficialismo, incluyendo al presidente del Congreso, Nery Ramos, del bloque Azul.

Partidos como Vamos (32 votos), Unidad Nacional de la Esperanza (16), Cabal (16), Valor (10) y un grupo de 12 diputados independientes se sumaron al bloque impulsado por Luis Aguirre y Allan Rodríguez, consolidando así una mayoría parlamentaria capaz de inclinar la balanza política.

El silencio del oficialismo, que no reaccionó públicamente ni en redes sociales, también fue interpretado como una derrota política frente a la oposición.

Un decreto polémico

El Decreto 7-2025 permite a los Codedes retener los fondos no ejecutados de este año y conservarlos para el 2026, un año preelectoral. Esta disposición encendió las alarmas de sectores sociales y empresariales, que consideran que la norma abre la puerta a un posible uso clientelar de hasta Q9 mil millones de quetzales para fines políticos en el marco de las elecciones de 2027.

Organizaciones civiles y cámaras empresariales han calificado la ley como “corrupta y peligrosa”, mientras diputados opositores al decreto han advertido que los recursos públicos podrían ser utilizados como herramientas de presión electoral.

Mensaje al Ejecutivo

Analistas consultados señalan que la aprobación exprés de la ley sin dictamen previo es un mensaje directo al Ejecutivo: el control del Congreso no está en manos del oficialismo, sino de la oposición organizada.

Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), explicó que el presidente Bernardo Arévalo enfrenta ahora un escenario complejo, ya que necesita el respaldo del Congreso para aprobar el presupuesto nacional de 2026.

“La decisión asumida por el Congreso debe leerse como una muestra de poder político por encima del Ejecutivo. Anticipa la necesidad de la Presidencia de acercarse para negociar, no solo el presupuesto, sino otras decisiones relevantes del 2026”, señaló Hidalgo.

El analista agregó que este movimiento revela la capacidad de la oposición para marcar la agenda legislativa, debilitando a los operadores enviados por el Ejecutivo al Congreso.

Negociaciones de poder y cambio de directiva

Fuentes legislativas confirmaron que los pactos que amarraron votos de Vamos y Cabal también tenían como propósito asegurar cuotas de poder de cara al próximo cambio de la Junta Directiva del Congreso. Durante los últimos dos años, la directiva ha estado liderada por Nery Ramos, aliado del oficialismo, pero con esta nueva correlación de fuerzas, la balanza podría inclinarse hacia la oposición.

Controlar la Junta Directiva no solo significa tener influencia en el manejo del Congreso, sino también incidir en nombramientos clave, como los futuros magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los representantes en la próxima Corte de Constitucionalidad (CC).

Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), coincidió en que la alianza Aguirre–Rodríguez busca consolidar su dominio a mediano plazo.

“El Ejecutivo no jugó su carta con el presupuesto. Ahora todo quedó servido, nadie se acercará al Ejecutivo, y en estas votaciones probablemente veremos que la oposición tendrá la última palabra”, advirtió Quezada.

El papel de Arévalo

El decreto aprobado fue compartido con los jefes de bloque el miércoles 3 de septiembre, y los diputados tienen hasta el viernes 5 para presentar objeciones. De no recibirlas, el documento será enviado al presidente Arévalo, quien tendrá la facultad de sancionarlo o vetarlo.

Hasta el momento, el mandatario no ha fijado una postura oficial. Sin embargo, diputados oficialistas como Victoria Godoy Palala señalaron que ya informaron al presidente sobre lo ocurrido, aunque la decisión final recaerá únicamente en él.

La legisladora reconoció que el oficialismo había impulsado previamente una iniciativa similar para agilizar el gasto de los Codedes, pero aclaró que la redacción aprobada por el Congreso excedió lo planteado inicialmente.

Godoy también denunció que varios diputados fueron presionados por sus partidos políticos para apoyar la aprobación de la ley, bajo amenaza de expulsión en caso de negarse, lo que pondría en riesgo sus aspiraciones de reelección en 2027.

Un Congreso reconfigurado

Con esta votación, el mapa político dentro del Congreso queda reconfigurado. La alianza Aguirre–Rodríguez se perfila como la fuerza dominante, mientras que el oficialismo queda en una posición frágil y obligada a negociar.

La dinámica parlamentaria en los próximos meses estará marcada por la pugna entre ambos bloques, con el presupuesto 2026 como una de las principales cartas en juego. Además, el pulso por el control de la Junta Directiva y las elecciones de TSE y CC definirá el rumbo político del país en los próximos años.

La aprobación del Decreto 7-2025 no solo abrió un debate sobre el uso de recursos públicos, sino que también reveló quién tiene realmente el control del Congreso. La alianza Aguirre Rodríguez se fortalece como un bloque capaz de definir el rumbo político de Guatemala, con miras a consolidar su poder en el cambio de directiva y proyectarse con fuerza hacia las elecciones de 2026.

Mientras tanto, el presidente Arévalo enfrenta el reto de decidir si sanciona o veta el decreto, en un escenario donde el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo será clave para la gobernabilidad del país.