LA HORA TIME
La Ley que quiere aplicar el Congreso para multas de hasta Q30 mil por hostigamiento en cobro de deudas

La Ley que quiere aplicar el Congreso para multas de hasta Q30 mil por hostigamiento en cobro de deudas

La Hora Time··5 min read

El Congreso de la República de Guatemala analiza una nueva propuesta de ley que busca frenar el hostigamiento en el cobro de deudas, una práctica que afecta a miles de ciudadanos en el país. La iniciativa plantea multas de entre Q20 mil y Q30 mil a las empresas de cobranza y prestamistas que incurran en mecanismos abusivos para exigir pagos.

Congreso analiza normativa para frenar abusos de cobradores y prestamistas

La diputada Nadia de León presentó la propuesta, que también incluye reformas contra la usura y sanciones a los denominados prestamistas gota a gota, una modalidad que ha crecido en los últimos años y que mantiene a numerosas familias en situaciones financieras críticas.

¿Qué contempla la propuesta de ley?

Congreso analiza normativa para frenar abusos de cobradores y prestamistas

El proyecto establece una serie de prohibiciones que buscan proteger a los deudores de acosos excesivos por parte de bancos, empresas de cobranza y prestamistas. Entre las acciones que serían sancionadas se encuentran:

    • Comunicaciones en horarios o días inhábiles.
  • Más de dos llamadas diarias al deudor.
  • Contactar a terceros (familiares, amigos o compañeros de trabajo) para exigir pago.
  • Publicar la deuda o difundir información del deudor en su lugar de trabajo.

De acuerdo con la iniciativa, este tipo de prácticas constituyen hostigamiento y acoso, lo que vulnera los derechos fundamentales de los consumidores.

Instituciones encargadas de sancionar

La normativa pretende otorgar facultades sancionatorias a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y a la Superintendencia de Bancos (SIB). Ambas instituciones serían responsables de recibir denuncias, verificar los hechos y aplicar las multas correspondientes a las empresas infractoras.

Además, quienes se sientan víctimas de acoso por cobros indebidos podrán presentar denuncias formales ante el Ministerio Público (MP), lo que abre la posibilidad de procesos penales contra los responsables.

Lucha contra los préstamos “gota a gota”

Uno de los puntos centrales de la propuesta es el combate a la usura y a los conocidos préstamos gota a gota, un esquema ilegal en el que se cobran intereses desproporcionados que resultan prácticamente impagables.

La iniciativa plantea que los intereses en cualquier crédito no podrán superar el doble de la tasa promedio vigente, establecida por el Banco de Guatemala. En caso de exceder ese límite, el contrato será considerado nulo de pleno derecho.

Quienes infrinjan esta disposición podrían enfrentar penas de dos a seis años de prisión, además de multas que podrían quintuplicar el monto originalmente prestado.

Modificación del delito de usura

La diputada De León explicó que la propuesta busca reformar la tipificación del delito de usura para endurecer las sanciones contra quienes se aprovechan de la necesidad económica de los guatemaltecos.

Las personas que se ven obligadas a recurrir a estos prestamistas muchas veces terminan perdiendo sus bienes o comprometiendo su seguridad personal. Es necesario que exista un marco legal más fuerte para frenar estos abusos”, señaló.

Iniciativas similares en el Congreso

El tema de los préstamos ilegales y el hostigamiento en cobros no es nuevo en el Legislativo. Otros diputados como Esduín Javier Javier, conocido como Tres Kiebres, y José Chic, también han presentado propuestas en busca de endurecer las sanciones.

Entre las medidas planteadas en iniciativas anteriores se incluyen:

    • La expulsión de extranjeros que ofrezcan créditos ilegales bajo la modalidad de gota a gota.
  • Incremento de las penas de prisión para prestamistas abusivos.
  • Mayor regulación en las empresas de cobro extrajudicial.

Impacto para consumidores y empresas

De aprobarse esta normativa, se abriría un nuevo marco de protección para los consumidores guatemaltecos. Las personas endeudadas tendrían herramientas legales más efectivas para defenderse ante abusos, mientras que las empresas de cobranza estarían obligadas a modificar sus prácticas.

Por otra parte, la propuesta también busca equilibrar el mercado crediticio, evitando que los prestamistas informales continúen operando bajo condiciones que ponen en riesgo la estabilidad económica de las familias.

Reacciones en la sociedad

Diversos sectores han reaccionado ante el anuncio de esta iniciativa. Organizaciones de consumidores han señalado que se trata de un avance positivo, ya que muchos ciudadanos han denunciado ser víctimas de hostigamiento telefónico, amenazas y exposición pública de sus deudas.

Hay personas que reciben hasta diez llamadas al día, incluso en horarios de la madrugada. Eso es una forma de violencia económica y psicológica que debe regularse”, comentó un representante de asociaciones de defensa al consumidor.

Por su parte, algunos representantes del sector empresarial han advertido que la regulación debe ser equilibrada, para no afectar los mecanismos legítimos de cobro que son necesarios en el sistema financiero.

Próximos pasos en el Legislativo

La propuesta se encuentra en análisis dentro del Congreso y se espera que en las próximas semanas sea discutida en el pleno. De aprobarse, se convertiría en una herramienta clave para proteger los derechos de los consumidores y combatir la usura en el país.

De León y otros diputados promotores consideran que este proyecto podría ser aprobado con amplio respaldo, ya que responde a una demanda ciudadana cada vez más visible.

La propuesta de multas de hasta Q30 mil por hostigamiento en el cobro de deudas representa un esfuerzo por equilibrar la relación entre acreedores y deudores en Guatemala. Con sanciones claras, la intervención de la Diaco y la SIB, y reformas al delito de usura, la iniciativa busca no solo frenar el acoso de cobradores, sino también enfrentar de manera firme a los prestamistas gota a gota.

De avanzar en el Congreso, la normativa podría marcar un precedente en la defensa de los derechos de los consumidores, ofreciendo mayor seguridad a quienes enfrentan dificultades económicas y limitando los abusos de empresas y prestamistas informales.

Artículos relacionados