Arévalo presiona al Congreso por la Ley Antilavado

El mandatario advierte riesgos financieros si no se aprueba la normativa antes del receso legislativo

El presidente Bernardo Arévalo volvió a instar al Congreso de la República a aprobar, sin más demoras, la Ley Antilavado, una iniciativa que su gobierno considera vital para garantizar la estabilidad financiera del país y evitar sanciones internacionales. Durante su intervención en la conferencia “La Ronda”, Arévalo fue enfático al señalar que la falta de una legislación moderna en esta materia deja a Guatemala expuesta a riesgos graves.

Según el mandatario, sin una reforma adecuada, sectores clave como el comercio, el turismo y la inversión extranjera podrían sufrir un retroceso considerable. Además, advirtió que el país corre el riesgo de ser incluido en la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que afectaría la credibilidad institucional y dificultaría operaciones bancarias, incluyendo el envío de remesas.

Una ley técnica, extensa y aún estancada en el Congreso

La iniciativa presentada por el Ejecutivo consta de seis títulos y 126 artículos. Su objetivo principal es actualizar el marco legal para combatir el lavado de dinero, adaptándose a estándares internacionales. La propuesta fue enviada hace meses al Legislativo, pero hasta ahora no ha sido priorizada.

Aunque el Congreso ha avanzado en otras áreas —como ajustes presupuestarios y normativas sectoriales—, Arévalo advirtió que esta ley no puede seguir esperando. Hizo un llamado directo a los diputados para que aprueben la normativa antes del receso legislativo, argumentando que postergar su discusión podría tener consecuencias financieras inmediatas y duraderas.

El sector financiero también exige acción inmediata

La Cámara de Finanzas se sumó a la preocupación. En un comunicado reciente, alertó que si Guatemala no actúa con rapidez, enfrentará mayores obstáculos para operar en el sistema financiero internacional. La inclusión en la Lista Gris del GAFI, explicaron, dificultaría la apertura de cuentas, los trámites bancarios y afectaría directamente a las remesas, un pilar económico para miles de familias guatemaltecas.

El mensaje del Ejecutivo y del sector privado es claro: la Ley Antilavado no es un tema técnico menor, sino una decisión política urgente.

¿Responderá el Congreso al llamado o volverá a aplazar una decisión clave para la economía nacional?