CC envía a sala el fraude de Mazariegos y magistradas disienten

La Corte de Constitucionalidad (CC) decidió remitir a una sala administrativa el caso del cuestionado proceso electoral que mantuvo a Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). La decisión dividió a los magistrados: mientras la mayoría optó por enviar el caso a una instancia inferior, dos magistradas emitieron un voto razonado disidente en el que exigían la suspensión de la elección.

¿Qué resolvió la Corte de Constitucionalidad?

Con los votos de Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Marisol Rivera, la máxima corte constitucional acordó no resolver de fondo las acciones de amparo que buscaban anular la reelección de Mazariegos. En cambio, decidió remitir el caso a una sala administrativa, una instancia inferior, para que sea esta la que emita una resolución.

La postura de los tres magistrados ha sido interpretada como una forma de «lavarse las manos» ante un caso de alta sensibilidad política y social, delegando la responsabilidad en otra instancia en lugar de resolver directamente.

¿Quiénes disintieron y por qué?

En contraposición, la presidenta de la CC, Anabella Morfín Mansilla, y la magistrada Astrid Lemus Rodríguez, emitieron un voto razonado disidente en el que afirmaron que se debió declarar la suspensión de la elección de Walter Mazariegos como rector de la Usac.

Las dos magistradas consideraron que las irregularidades denunciadas —entre ellas, la exclusión arbitraria de cuerpos electorales y la falta de garantías para una competencia limpia— eran suficientes para dejar en suspenso el proceso y proteger la autonomía universitaria.

El contexto del fraude en la USAC

La elección del pasado 8 de abril en Antigua Guatemala estuvo marcada por denuncias de exclusiones, irregularidades y fraude. Varios cuerpos electorales denunciaron haber sido apartados de manera arbitraria para garantizar el control de la elección a favor de Mazariegos.

El Consejo Superior Universitario (CSU) validó posteriormente la designación durante la sesión ordinaria del 17 de abril, pese al clima de conflictividad y cuestionamientos que rodeó el proceso.

¿Qué habían resuelto los juzgados?

La decisión de la CC contrasta con las resoluciones emitidas por el Juzgado Décimo Quinto del Ramo Civil y el Juzgado Décimo Primero del Ramo Civil, ambos constituidos en Tribunal de Amparo. Los jueces habían suspendido la elección de Mazariegos el pasado 4 y 5 de mayo debido a las irregularidades denunciadas.

Los tribunales consideraron necesario frenar temporalmente el proceso organizado por el Cuerpo Electoral Universitario integrado por Santos de Jesús Dávila, Brando Oswaldo Samayoa Arias y Wendy López Dubón, señalando que la elección se realizó bajo condiciones irregulares.

Protestas frente a la CC

La resolución no pasó desapercibida. Estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, conocidos como sancarlistas, se manifestaron frente a la sede de la Corte de Constitucionalidad. Algunos se encadenaron a barras de metal en señal de protesta por la negativa de la CC a anular las elecciones.

🟠#BrevesTGW | Sancarlistas se encadenan a barras de metal frente a la CC, ante la negativa presentada por los amparos a través de los que se buscaba anular las elecciones donde se reeligió, dicen ellos de forma fraudulenta, a Walter Mazariegos.

— 📻 Radio TGWTV (@RadioTGWTV) junio 5, 2026

Entre los amparos rechazados figuraban los presentados por Sonia Gutiérrez, del partido Winaq, así como por los diputados José Toledo y David Illescas, ambos electos por el Movimiento Semilla. También fue rechazada la acción impulsada por la Asamblea de Colegios Profesionales, que cuestionaba la exclusión de representantes gremiales legítimamente electos.

¿Qué sigue para la rectoría de la USAC?

Con la remisión del caso a una sala administrativa, el futuro de la rectoría de Mazariegos queda en manos de una instancia inferior. Sin embargo, críticos señalan que la CC perdió una oportunidad de resolver de fondo un caso que ha fracturado a la comunidad universitaria y que pone en riesgo la autonomía y la legitimidad de la máxima casa de estudios del país.

La decisión de Molina Barreto, Rivera y Ochoa de no suspender la elección y enviar el caso a otra sala ha sido vista por sectores académicos y de derechos humanos como una forma de mantener vigente un proceso cuestionado, en lugar de proteger la integridad institucional de la USAC.