
Diputado José Chic propone ley para frenar extorsiones desde cárceles en Guatemala
En medio de la creciente preocupación por la inseguridad en Guatemala, el diputado José Chic presentó una iniciativa de ley orientada a combatir las extorsiones que, según denuncias recurrentes, se originan desde los centros de privación de libertad.
La propuesta busca frenar el uso ilegal de teléfonos celulares por parte de personas privadas de libertad, una práctica que ha sido señalada como uno de los principales mecanismos utilizados para extorsionar a ciudadanos, comerciantes y transportistas en todo el país.
Objetivo de la iniciativa: cortar la comunicación del crimen

El eje central de la propuesta legislativa es impedir que los reclusos mantengan comunicación con el exterior mediante dispositivos móviles, lo que permitiría reducir significativamente la incidencia de extorsiones.
Durante su intervención, el legislador expresó:
“Se deben de terminar con las extorsiones, se debe acabar ese estado de pánico en el que vive la población. Hay que cortarles la comunicación a esos delincuentes”.
La iniciativa, denominada Ley para la Prevención y Sanción de Comunicaciones Ilícitas en Centros de Privación de Libertad, plantea medidas concretas para atacar el problema desde su origen.
Nuevos delitos y sanciones propuestas
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la creación de nuevas figuras delictivas enfocadas en quienes faciliten el ingreso de dispositivos electrónicos a las cárceles.
¿A quiénes se sancionaría?
La propuesta contempla responsabilidades para:
- Personal del sistema penitenciario que permita el ingreso de celulares
- Personas particulares involucradas en el contrabando de dispositivos
- Empresas de telecomunicaciones que no colaboren con el bloqueo de señal
El diputado señaló:
“Se están creando varios delitos para que guardias o particulares dejen de ingresar teléfonos a los centros de privación de libertad”.
Multas para empresas que no bloqueen señal
Un punto clave de la iniciativa es la inclusión de sanciones económicas para las compañías de telecomunicaciones que no implementen medidas efectivas para bloquear la señal dentro de los centros penitenciarios.
Detalles de las sanciones
- Multas que oscilan entre 10 mil y 100 mil dólares
- Responsabilidad directa en el bloqueo de servicios
- Supervisión del cumplimiento por parte del Estado
Según Chic:
“Le estamos dando responsabilidad a las empresas para que dejen de prestar servicio en estos centros, porque sin señal no hay extorsión”.
Contexto: extorsiones y temor en la población
Las extorsiones se han convertido en uno de los principales problemas de seguridad en Guatemala. Diversos sectores han denunciado que muchas de estas acciones delictivas se coordinan desde cárceles, donde los privados de libertad continúan operando estructuras criminales.
Sectores más afectados
- Transporte público
- Comerciantes
- Pequeños emprendedores
- Familias en zonas urbanas y rurales
El legislador enfatizó que esta situación ha generado un ambiente de temor constante:
“Los delincuentes deben dejar de llamar para extorsionar y robarle a la población trabajadora”.
Enfoque de seguridad integral
Más allá del bloqueo de señal, la iniciativa también busca fortalecer el control interno en los centros penitenciarios, promoviendo una mayor vigilancia y responsabilidad institucional.
Medidas complementarias
- Mayor control en requisas
- Supervisión del personal penitenciario
- Coordinación con entidades de seguridad
- Regulación del uso de tecnología en cárceles
El objetivo es evitar que los centros de detención se conviertan en centros de operación criminal.
Reacciones y debate esperado en el Congreso
La propuesta deberá ser analizada en el Congreso de la República, donde se espera un debate amplio sobre su viabilidad, impacto y posibles ajustes.
Algunos sectores podrían respaldar la iniciativa como una medida urgente, mientras que otros podrían plantear preocupaciones sobre su implementación y efectos en el sector de telecomunicaciones.
Seguridad vs. regulación: un equilibrio necesario
El debate también podría centrarse en encontrar un equilibrio entre la seguridad ciudadana y las obligaciones impuestas a las empresas privadas.
Temas clave en discusión
- Alcance de las responsabilidades empresariales
- Costos de implementación tecnológica
- Garantías legales en la aplicación de sanciones
- Eficacia real del bloqueo de señal
Llamado a una acción inmediata
El diputado reiteró la urgencia de aprobar la ley para devolver la tranquilidad a la población guatemalteca.
“Es importante que esta iniciativa se convierta en decreto para combatir frontalmente a los extorsionadores y garantizar la seguridad”.
Asimismo, hizo énfasis en que el problema no puede seguir postergándose, ya que afecta directamente la calidad de vida de miles de ciudadanos.
La iniciativa presentada por José Chic se suma a los esfuerzos por combatir la criminalidad en Guatemala, enfocándose en uno de los puntos más críticos: la comunicación ilegal desde las cárceles.
Si bien la propuesta plantea medidas contundentes, su aprobación y aplicación efectiva dependerán del consenso político y de la capacidad del Estado para implementar controles reales.
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