Diputado Julio Portillo denuncia ejecución de fondos municipales por más de Q900 mil en La Unión, Zacapa

El diputado Julio Portillo presentó públicamente una denuncia sobre posibles irregularidades en la ejecución de fondos municipales en el municipio de La Unión, en el departamento de Zacapa.

Según sus declaraciones, al menos tres personas habrían facturado cerca de Q900 mil en servicios que, presuntamente, no cuentan con respaldo técnico ni evidencia verificable en campo.

Denuncia apunta a estructura de facturación irregular

Durante su intervención, el legislador aseguró que los casos detectados forman parte de un patrón que podría implicar el uso de terceros para emitir facturas por servicios no prestados.

“Esto ya no es un error, esto es una estructura que debe ser investigada. Hay personas que han facturado sin tener talleres, transporte o capacidad para prestar los servicios”, afirmó.

Portillo explicó que estas contrataciones se habrían realizado bajo la modalidad de baja cuantía, un mecanismo legal que permite compras menores sin necesidad de licitación, pero que, según su denuncia, podría estar siendo utilizado de forma indebida.

Verificaciones en campo generan dudas

El diputado relató que realizó visitas a las direcciones fiscales registradas en el sistema de compras del Estado, donde, según indicó, no encontró evidencia de infraestructura, maquinaria o personal necesario para ejecutar los trabajos facturados.

Entre los servicios señalados se incluyen:

• Mantenimiento de maquinaria pesada

• Reparación de vehículos municipales

• Arrendamiento de transporte

• Traslado de desechos sólidos

De acuerdo con el legislador, en varios casos las personas señaladas se dedican a actividades distintas, lo que genera dudas sobre la ejecución real de los contratos.

Montos facturados y modalidades de contratación

Portillo detalló que una de las personas señaladas habría facturado más de Q120 mil, otra alrededor de Q260 mil y una tercera más de Q500 mil, sumando un total cercano a los Q900 mil.

Uso de baja cuantía en la contratación pública

El diputado enfatizó que la mayoría de las contrataciones se realizaron mediante el mecanismo de baja cuantía, lo que permite adjudicar servicios sin procesos competitivos amplios.

“Son compras menores a Q25 mil que pueden hacerse de forma directa, pero cuando se repiten constantemente con los mismos proveedores, es necesario revisar el proceso”, explicó.

Asimismo, indicó que en algunos casos se presentaron fotografías como respaldo de los trabajos realizados, aunque cuestionó su autenticidad.

Señalamientos sobre posible uso de terceros

Otro de los puntos relevantes en la denuncia es la posible utilización de terceros para canalizar recursos. Según Portillo, algunas personas habrían recibido pagos en sus cuentas y posteriormente retirado el dinero en efectivo.

El legislador señaló que este tipo de prácticas, de comprobarse, podrían constituir delitos que deben ser investigados por las autoridades competentes.

Llamado a las autoridades y a la población

El diputado hizo un llamado a las instituciones encargadas de la fiscalización y justicia para que revisen los contratos señalados y determinen si existieron irregularidades.

“Esto no es política, es una alerta para que las autoridades investiguen y para que la población esté informada”, expresó.

También pidió a los ciudadanos no prestar su nombre para emitir facturas sin respaldo, advirtiendo sobre posibles consecuencias legales.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una postura oficial detallada sobre los señalamientos. Sin embargo, el tema ha generado debate en redes sociales y entre sectores ciudadanos, que exigen transparencia en el uso de los recursos públicos.

Analistas destacan que este tipo de denuncias pone en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de control y auditoría en las municipalidades.

La denuncia presentada por el diputado Julio Portillo abre un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia en la gestión municipal en Guatemala. Mientras se esperan investigaciones oficiales, el caso resalta la necesidad de garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y en beneficio de la población.