MP oculta salarios de fiscales: expertos denuncian opacidad en la gestión de García Luna

La negativa del Ministerio Público (MP) a transparentar los salarios de funcionarios y exfuncionarios ha encendido las alarmas entre especialistas en acceso a la información pública. Aunque la nueva administración del fiscal general Gabriel García Luna prometió un giro hacia la apertura institucional, su respuesta a solicitudes de datos salariales sugiere una continuidad preocupante con las prácticas opacas del pasado.

La polémica estalló cuando Emisoras Unidas solicitó conocer los sueldos mensuales de la exfiscal general Consuelo Porras, del exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche, y de los actuales fiscales regionales. La respuesta del Departamento de Comunicación del MP, emitida el 1 de junio, fue tajante: la información se considera reservada por disposición legal.

¿Qué dijo el MP sobre la reserva salarial?

La institución argumentó que se encuentra en medio de una evaluación integral de los asuntos relacionados con recursos humanos y de las disposiciones administrativas emitidas durante períodos anteriores. Según el comunicado, una vez concluido el análisis técnico y jurídico, el MP comunicará las decisiones que correspondan conforme al marco legal aplicable.

> «La actual administración se encuentra realizando una evaluación integral de los asuntos relacionados con recursos humanos y de las disposiciones administrativas y legales emitidas durante períodos anteriores. Una vez concluido dicho análisis técnico y jurídico, el Ministerio Público comunicará oportunamente las decisiones y acciones que correspondan conforme al marco legal aplicable», indicó el Departamento de Comunicación.

Sin embargo, esa justificación no ha convencido a los observadores. La misma institución publicó en mayo de 2026 un reporte de salarios del personal contratado bajo el renglón 011, donde aparecen las remuneraciones de Porras y de García Luna. En ese documento, curiosamente, no figuran los datos de Curruchiche ni de los fiscales regionales por los que se había solicitado información.

¿Es legal ocultar los salarios de funcionarios públicos?

El doctor Silvio Gramajo, experto en Acceso a la Información Pública, considera que el debate no radica en una violación directa de la ley, sino en la interpretación del principio de máxima publicidad frente al derecho ciudadano de fiscalizar el uso de recursos públicos.

Según Gramajo, la reserva de información sobre fiscales busca proteger su identidad y seguridad, pero ese criterio difícilmente puede aplicarse a figuras de conocimiento público como Porras o Curruchiche, quienes han mantenido una exposición constante en medios y redes sociales.

> «Desde el momento que ellos son personajes públicos y corrieron a la publicidad de la vida y de las noticias, no tiene sentido proteger el salario bajo la condición de proteger a la persona porque ellos son públicos», señaló Gramajo.

El especialista añadió que, en estos casos, debió prevalecer una interpretación favorable a la transparencia:

> «Ellos hubieran tenido que atender a la interpretación extensiva de la ley, interpretar la máxima publicidad para que, al momento de la ponderación, se garantizara más el derecho humano de las personas a conocer cuánto reciben de salario porque lo pagamos por medio de los impuestos públicos».

Coinciden en que no existe justificación legal

El exprocurador de los Derechos Humanos Jorge de León Duque y el analista de Acción Ciudadana Manfredo Marroquín coincidieron en cuestionar la reserva de esta información. Ambos señalaron que se trata de datos públicos y que no existe base legal para restringirlos.

Marroquín calificó la medida como «injustificable» y advirtió que afecta la credibilidad institucional:

> «Yo creo que es una postura injustificable, desde cualquier punto de vista, sea legal y peor aún político, porque al final todos esperamos de esta nueva administración del MP una nueva postura política frente a estos asuntos, y la postura de transparencia es fundamental para darle crédito y credibilidad a una institución».

De León Duque, por su parte, fue enfático al recordar que la Constitución establece que todos los actos de la Administración son públicos, y que la Ley de Acceso a la Información Pública se basa en los principios de máxima publicidad y transparencia.

> «No veo cómo divulgar los salarios pueda poner en riesgo la persecución penal. En verdad, no tiene ningún sentido», aseguró.

¿Qué información sí está disponible?

Durante la tarde de este 4 de junio, el MP publicó los datos del personal administrativo, los cuales no se conocían desde hace varios años. Sin embargo, hasta el momento sigue sin conocerse la información del personal fiscal ni las escalas salariales de los distintos cargos.

La institución argumentó que la divulgación de estos datos podría implicar riesgos o comprometer la seguridad institucional. Especialistas consultados consideran que este razonamiento resulta cuestionable, especialmente cuando se trata de funcionarios cuya identidad y funciones ya son ampliamente conocidas.

Ver publicación en X

Un precedente que preocupa

El caso de los salarios reservados del MP no es menor. En Guatemala, los sueldos de jueces y magistrados son publicados periódicamente por el Organismo Judicial. En el caso de la Policía Nacional Civil, se han conocido los salarios por puesto sin detallar los nombres de los agentes.

La negativa del MP a seguir ese mismo estándar genera una pregunta incómoda: si la nueva administración de García Luna realmente busca distanciarse de la opacidad de la gestión de Consuelo Porras, ¿por qué mantiene bajo reserva información que otros organismos del Estado divulgan sin problema?

El tiempo para responder se agota. Mientras tanto, los guatemaltecos siguen sin saber cuánto ganan quienes, con sus impuestos, se supone que deben perseguir la justicia.