Rechazo judicial frena orden de captura contra Astrid Lemus horas antes de asumir como magistrada de la CC
En un giro inesperado a pocas horas de la toma de posesión de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) en Guatemala, el Ministerio Público (MP) intentó gestionar una orden de captura contra la magistrada electa Astrid Lemus. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el juzgado competente, generando un nuevo episodio de tensión institucional.
El caso ocurre en un momento clave para el sistema de justicia, cuando las nuevas autoridades constitucionales se preparaban para asumir funciones oficiales en el país.
El intento de orden de captura contra Astrid Lemus
Según información judicial, la Unidad de Delitos contra Sindicalistas y Operadores de Justicia del MP presentó entre el 6 y 10 de abril una solicitud de orden de aprehensión ante el Juzgado Sexto Penal.
La petición estaba vinculada a la investigación del proceso electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), del cual surgieron los magistrados electos para integrar la CC, entre ellos Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo.
Decisión del juez Carlos Toledo
El juez Carlos Toledo resolvió rechazar la solicitud de captura, aunque hasta el momento no se han detallado públicamente los delitos imputados ni los fundamentos específicos de su decisión.
Posteriormente, el juez presentó una excusa para dejar de conocer el caso, la cual deberá ser evaluada por la Sala Tercera Penal, que determinará si mantiene o no su competencia en el proceso.
La intervención de la Sala Tercera Penal y nuevas tensiones
Fuentes cercanas al caso indican que el MP podría intentar que la Sala Tercera Penal, presidida por el magistrado Alejandro Prado, retome el expediente y eventualmente emita las órdenes de captura solicitadas.
Este escenario recuerda lo ocurrido en mayo de 2025 durante el caso denominado “Acuerdos Fraudulentos”, donde la misma sala fue señalada por emitir órdenes similares en un proceso de alto impacto político y judicial.
Advertencias de la Corte Suprema de Justicia
Sin embargo, una reciente resolución de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) establece que dicha sala no tendría facultades para emitir órdenes de captura, ya que esto podría constituir una extralimitación de funciones.
Este pronunciamiento añade un nuevo elemento de incertidumbre sobre el rumbo del caso y los límites de actuación de las instancias judiciales involucradas.
El origen del caso: elecciones en el CANG
El conflicto tiene su origen en febrero, cuando el Ministerio Público realizó una intervención en las sedes de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en medio de la elección de magistrados para la CC.
Durante la acción, el MP justificó su presencia en una denuncia anónima que señalaba una posible manipulación del padrón electoral con el objetivo de favorecer a determinados candidatos.
Proceso bajo reserva
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha divulgado detalles adicionales del expediente, ya que el caso continúa bajo reserva judicial, lo que ha limitado el acceso público a la información.
Un contexto de alta tensión institucional en Guatemala
El intento de captura contra una magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad ocurre en un contexto de alta sensibilidad política y jurídica en Guatemala, donde los procesos de selección de autoridades judiciales suelen generar debate público.
Expertos en derecho señalan que este tipo de acciones, en momentos cercanos a la toma de posesión de funcionarios, pueden generar cuestionamientos sobre la independencia institucional y la estabilidad del sistema de justicia.
Un caso abierto en medio de la transición judicial
El rechazo de la orden de captura contra Astrid Lemus no cierra el caso, sino que abre una nueva fase de análisis judicial que será definida por instancias superiores. Mientras tanto, la situación mantiene en expectativa a sectores legales y políticos del país.
El desarrollo de este proceso será clave para determinar no solo el futuro del expediente, sino también el equilibrio entre las instituciones encargadas de la justicia en Guatemala.
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